El gobierno de Marcelo Orrego está trabajando en la posibilidad de avanzar en un plan de moratoria para que los deudores de la Dirección General de Rentas (DGR) se pongan al día el próximo año. La novedad se filtró de distintas fuentes que estuvieron presentes en un encuentro entre el nuevo titular de la repartición, Marcos Roca, con integrantes de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados. En la reunión, el funcionario detalló algunas de las medidas que introducirán en la ley Impositiva 2024 (ver recuadro) y trascendió que el avalúo fiscal de los inmuebles tendrá una actualización de un 140 por ciento, una cifra por debajo de la inflación acumulada a noviembre, que fue del 148,2 por ciento.
Según las fuentes, la propuesta de una moratoria se encuentra en elaboración y la intención es ponerla en práctica. Esta opción permitiría compensar en parte los problemas de recaudación que viene arrastrando la provincia, que acumuló al menos tres meses de fuertes caídas en los ingresos por coparticipación federal de impuestos nacionales y tributos locales frente a la inflación. En noviembre, la baja fue récord, ya que fue del 43 por ciento interanual. Parte de este impacto tuvo que ver con que se elevara el piso en el pago de Ganancias, un impuesto coparticipable, que llevó a que menos trabajadores abonen el tributo. No obstante, hay gestiones entre Presidencia y algunos gobernadores para su restitución. Además, una retracción del consumo también hizo mella en los números.
Fue justamente otro escenario de recesión el que impulsó la última moratoria que lanzó la provincia: la pandemia de covid-19. En 2020, la gestión uñaquista anunció beneficios a quienes tuvieran deudas con el fisco y se sumaran al plan para estar al día. En su momento, podían optar por un plan de pago de 120 cuotas con quita de intereses y descuentos de hasta el 15 por ciento para los que pagaran de contado. En ese marco, se tuvo en cuenta la antigüedad de las deudas para la aplicación de los descuentos. Así, el Estado recaudó 500 millones de pesos. Aún no está definido si la administración orreguista utilizará un modelo similar. Este medio se contactó con el director de Rentas, pero este prefirió no dar información. Una moratoria anterior fue la de 2016, con la que el Gobierno recaudó 400 millones de pesos.
Tras la reunión de los diputados de la Comisión Permanente, se definió que la última sesión extraordinaria se hará mañana, en la que se tratará la ley Impositiva Anual. La gestión orreguista no tocó las alícuotas de ninguno de los impuestos: Inmobiliario, Ingresos Brutos, Automotor y Sellos. No obstante, las fuentes aseguraron que el director de Rentas puso sobre la mesa el aumento del avalúo fiscal, es decir, la actualización que hace todos los años la Dirección de Geodesia y Catastro de los inmuebles, que estará en el orden del 140 por ciento, un número por debajo de la inflación acumulada a noviembre. Incluso, trascendió que el incremento de los valores de los terrenos en el mercado fue del 600 por ciento. De hecho, la valuación oficial siempre está por debajo de la de mercado. Si bien técnicamente no es un aumento del impuesto, la actualización hará que los contribuyentes vean una suba a la hora de pagar sus boletas.
Lo mismo sucederá con el Automotor una vez que la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA) publique el precio de mercado de todos los vehículos, lo que suele hacer entre enero y febrero.
Incentivos
El plan de moratoria apunta a que los deudores puedan regularizar su situación con el fisco. Se verá si la gestión orreguista también lanza un plan de beneficios para los contribuyentes que están al día.
Estructura de bloque
El presidente de la Cámara, Fabián Martín, le otorgará cargos de director y secretario de bloque al PJ, a Producción y Trabajo y al bloquismo, dijeron en su entorno. Hay otras bancadas que reclaman esos puestos.
Proponen otras modificaciones fiscales
El encuentro entre Marcos Roca y los diputados de la Comisión Permanente fue en el marco de la presentación del proyecto de la norma Impositiva Anual para modificar la anterior (ley 2485-I), que define la regulación impositiva de la provincia. La nueva gestión propuso cambios en varios artículos, que impactarían en la recaudación provincial y en varios sectores.
Uno de los puntos es la actualización del monto mínimo anual a tributar del Impuesto Inmobiliario, que pasará de 2.000 a 5.000 pesos. Además, quedarían exentos todos los jubilados que cobren menos de 350.000 pesos. En el Impuesto Automotor, el monto mínimo a tributar en motos, por ejemplo, subirá de 800 a 1.900 pesos y, en el caso de los autos, pasará de 1.600 pesos a 3.800. Otro punto que tocarán tiene que ver con una baja en la tasa de cesión de licencias de remises y taxis, que sufrió un aumento del 1.000 por ciento en 2023 y, ahora, quieren reducirlo de 8.000 unidades tributarias a 2.000. También habrá una simplificación de 11 trámites fiscales para concesiones mineras, lo que fue acordado con la Cámara Minera.