Para el gremio que nuclea a los empleados judiciales, los tribunales provinciales necesitan más de 450 empleados extra para funcionar en óptimas condiciones. La entidad que lidera Sebastián López hizo un relevamiento para determinar la cantidad de trabajadores que hay en cada oficina y la comparó con una ley que establece el número de cargos que deben tener organismos de distintas instancias, lo que en la práctica no se cumple. Ante la escasez de trabajadores, los que hay hacen de todo un poco.
El relevamiento incluye a todos los organismos judiciales, a excepción del Departamento de Cómputos y la Secretaría Social, y el gremio lo hizo a raíz de la polémica que se ha generado por la falta de personal. Mientras la Corte de Justicia promete desde hace años que llamará a concurso para cubrir unas 150 vacantes, el sindicato sostiene que se deberían crear muchos cargos más y pone el grito en el cielo porque las designaciones se siguen postergando. Incluso, los jueces han salido a decir que el servicio de Justicia está colapsado y que necesitan con urgencia más trabajadores.
El gremio parte del esquema de la Ley 8.159, que en 2010 creó una Sala Civil, un Juzgado de Familia y tres Juzgados de Paz en Capital. Sin contar los jueces, la misma norma establece que la primera debe contar con 9 empleados (8 administrativos y un ordenanza), el segundo con 12 trabajadores (11 administrativos y un ordenanza) y cada uno de los demás, con 10 agentes (9 administrativos y un ordenanza). De ahí que sacó cuántos empleados faltan en todas las instancias del Poder Judicial y la comparó con los que hay en la actualidad.
El secretario general de la Unión Judicial, Sebastián López, justificó el método. “La Corte dice en esa ley cómo se debe conformar jerárquicamente esos organismos y nosotros lo trasladados a los demás porque si esa sala y esos juzgados necesitan esa cantidad de empleados, los demás también”.
Sin contar jueces, fiscales, secretarios y prosecretarios, en el Poder Judicial sanjuanino hay 524 empleados. Y de acuerdo a lo que dice la ley, deberían ser 980. Es decir, concluye el gremio, faltan 456.
El trabajo de la Unión Judicial da cuenta del estado de cada fuero y surge que en el de Paz, los juzgados de Angaco y Valle Fértil sólo cuentan con un empleado cada uno. Mientras que San Martín, Jáchal, 25 de Mayo, Albardón, Valle Fértil y Calingasta no la pasan mucho mejor, ya que tienen dos trabajadores.
En el área penal, donde el nivel de complejidad es mayor y se manejan las causas más delicadas y de más impacto social, el gremio concluye que el déficit va de 7 a 12 empleados en cada uno de los juzgados de primera instancia.
El drama por los recursos humanos también golpea al Ministerio Público. En la mayoría de las fiscalías de primera instancia hay nada más que dos empleados y en las de Cámara, además del problema de la cantidad, sufren el de la calidad: en tres de la cuatro, aunque parezca increíble, no hay abogados para ayudar a los fiscales.
La situación obliga a los agentes judiciales a hacer de todo y pierde en especificidad, lo que supuestamente ayudaría a la eficiencia del servicio. Sin importar el cargo, muchos cosen expedientes, atienden la mesa de entradas, cargan causas, toman audiencias y hasta acompañan al juez a levantar un cadáver.
Del relevamiento sindical sobresale, además, que los miembros de la Corte de Justicia no cumplen la ley que ellos mismos impulsaron en 2010. La Sala Civil que se creó con esa norma (es la N° 4) cuenta con 4 empleados en lugar de 9. Y que en los tres Juzgados de Paz que se agregaron en Capital, que son los N° 5, N° 6 y N° 7, hay apenas 3, 5 y 3 trabajadores, muy lejos de los 10 que deberían tener.
Para lograr el número de cargos que reclama el gremio haría falta una inversión extra del Estado. Hoy hay unas 150 vacantes en el escalafón administrativo y son las que el máximo tribunal viene prometiendo que concursará (ver aparte).