El plan de pavimentación 2.000 cuadras ya tenía asegurado su continuidad este año y en el Ministerio de Infraestructura confirmaron que será lanzado en el segundo semestre de este año, con el objetivo de que también empiece a ejecutarse. La inversión estimada por la gestión uñaquista es de al menos 700 millones de pesos a distribuir en los 19 municipios. Además, el Gobierno le dará un plus al programa, ya que incrementará los controles de calidad de los asfaltos para garantizar su vida útil hasta en 15 años.
El Ejecutivo local viene de implementar a fines del año pasado el sexto plan de pavimentación y repavimentación, el cual apunta a dar respuesta a uno de los principales reclamos de los vecinos. Al igual que en los años anteriores, en el nuevo programa la distribución de los fondos entre las comunas se hará de acuerdo a los porcentajes de coparticipación municipal y a las necesidades de cada uno de los distritos. Si bien el monto fijado en el presupuesto 2018 es de 600 millones de pesos, Jorge Deiana, secretario de Obras Públicas, indicó que la cifra estará atada al crecimiento del nivel inflacionario. Por eso, de acuerdo a la previsión nacional, el valor se incrementará hoy en un 15 por ciento, lo que arroja 100 millones más. Además, el funcionario aseguró que la licitación de las obras comenzará en el segundo semestre.
Según el convenio firmado con cada uno de los jefes comunales, la gestión uñaquista aporta el 80 por ciento de los fondos y los municipios, el 20 restante. Los recursos llegan a través del Fondo Federal Solidario, más conocido como Fondo de la Soja, que para el año que pasó cerró con una baja considerable frente a lo presupuestado originalmente (Ver recuadro). Para las comunas, el plan 2.000 cuadras es clave, ya que les permite a los intendente atender una obra clave ante las escasas fuentes propias de financiamiento para encarar emprendimientos de magnitud. Además, a los jefes comunales les sirve para mostrar gestión.
En 2017, el Ejecutivo dividió los trabajos a encarar en cada uno de los departamentos en 9 grupos distintos para así favorecer la distribución de las obras para las empresas ganadoras de la licitación. Así, Capital fue asignado al grupo uno, Caucete, Valle Fértil, 25 de Mayo y 9 de Julio al segundo; Rivadavia, Ullum y Zonda al tercero, Rawson fue al cuarto; Pocito y Sarmiento al quinto; Calingasta, Iglesia y Jáchal al sexto; Albardón, San Martín y Angaco al séptimo; Chimbas al octavo y Santa Lucía al último (Ver aparte). Según indicaron las fuentes consultadas, el objetivo para este año es mantener la misma distribución, aunque la misma puede ser modificada dependiendo de los trabajos a encarar en cada uno de los municipios.
Distribución y fondos
El plan 2 mil cuadras de 2017 implicó una inversión total de 600 millones de pesos. La licitación se dividió en grupos y se basó en el relevamiento que realizó cada comuna sobre sus zonas a pavimentar. Además, en la distribución de los fondos se tiene en cuenta los criterios del actual esquema de coparticipación. Así, a Capital le correspondió 92.350.000 pesos. Un grupo estuvo conformado por Caucete, Valle Fértil, 25 de Mayo y 9 de Julio, al que le tocó 91.080.000. Otro estuvo integrado por Rivadavia, Ullum y Zonda, con 79.840.000 pesos. A Rawson se le asignaron 70.240.000, mientras que Pocito y Sarmiento armaron otro lote con 59.920.000 pesos. Al grupo de Calingasta, Iglesia y Jáchal le correspondió 57.220.000. También se constituyó otro lote con Albardón, San Martín y Angaco con 56.950.000 pesos. Por su parte, a Chimbas le tocó 56.300.000 y a Santa Lucía, 36.100.000 pesos.
En septiembre se hizo el llamado a licitación para que las empresas interesadas hicieran sus ofertas económicas. La apertura de los sobres se hizo a fines de ese mes y luego se concretaron las adjudicaciones. Los trabajos comenzaron en noviembre.
Para la ejecución del plan provincial 2.000 cuadras, el Ejecutivo firmó un convenio con los municipios, en el que la administración central afronta el 80 por ciento de los gastos y el resto corre por cuenta de las comunas.
Los recursos de cada uno de los departamentos surgen del Fondo Federal Solidario (mas conocido como el Fondo de la Soja) que en 2017 alcanzó los 783 millones de pesos, un 32 por ciento menos de lo que la provincia tenía previsto recibir, ya que lo presupuestado para el año que pasó fue de 1.153.000.000.
Del total del Fondo de la Soja, el 70 por ciento va a las arcas provinciales y el resto se distribuye, por coparticipación, entre los municipios. El dinero es clave para las comunas, ya que con dicha partida no pueden hacer lo que quieran sino que la misma tiene un destino específico: la obra pública. La baja en el envío de recursos por parte de Nación se debió a que los exportadores sojeros del país no liquidaron sus productos en la cantidad que había estimado la administración macrista.
Para este 2018, según el presupuesto, llegarán a San Juan 836.421.000 pesos. De ese total, 250.927.000 se distribuirá en los 19 departamentos.
Relevamiento
Cada uno de los 19 municipios debe encarar un sondeo para establecer cuáles son sus necesidades en materia de pavimentación. El estudio se presenta en Vialidad Provincial.
Estudio técnico
Personal especializado de Vialidad Provincial analiza los documentos presentados por los jefes comunales. Si evalúan algún cambio, se le solicita al municipio que rearme su plan de pavimentación.
Chequeo
En el caso de que haya modificaciones, los municipios revisan su plan junto a personal técnico especializado de Vialidad Provincial. Un punto clave es no pavimentar zonas donde se instalarán cloacas.
Licitación
Una vez que todos los municipios han completado los pasos técnicos, el Ejecutivo llama a licitación para que las empresas constructoras interesadas se anoten. La provincia se divide en nueve zonas.
“Intensificaremos los controles”
Secretario de Obras Públicas
Hemos analizado la situación y para este año intensificaremos los controles de calidad de los pavimentos que serán colocados en cada una de las comunas. La verificación estará a cargo del personal técnico de Vialidad Provincial, pero no descartamos tener que llamar a licitación y contratar a firmas especializadas para hacer el relevamiento. Queremos asegurar que la calidad del pavimento sea la preestablecida en los documentos técnicos.
No es que antes no hiciéramos los controles, sino que ahora los vamos a intensificar.
El muestreo va a ser mayor y en más cantidad. Eso nos va a permitir que si hay alguna desviación, rápidamente la podamos resolver y no llegar a la instancia de tener un pavimento colocado y recién resolver el problema. Para eso habrá controles de las fórmulas de las mezclas que van a aplicar los contratistas, de tal forma que esas mezclas cumplan con las requisitorias mínimas.
Antes se hacían los controles de calidad del espesor y concreto, sobre la mezcla colocada, hoy lo hacemos previamente, durante la colocación y a posterior.
Debo reconocer que hemos tenido algunos problemas con pavimentos ondulados más allá de la cuenta. Ahora vamos a ser más estrictos porque queremos minimizar esos problemas.
En el plan 2017 hubo una modificación del espesor del pavimento sobre el que hicimos en 2016, pasamos de 5 a 4 centímetros en zonas urbanas. Eso nos permitió ahorrar un 20 por ciento del total del material, un cambio que fue muy importante.