Tras cinco años de trámite judicial, la causa por fraude contra la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), en la que están en la mira el expresidente Rubén Esteban Castro y el extesorero Oscar Roberto Bazán, será elevada a juicio. Fuentes judiciales confirmaron que el juez del Cuarto de Instrucción, Diego Sanz, enviará el expediente la semana que viene a la Sala de la Cámara Penal en la que se desarrollará el debate, luego del pedido que realizara el fiscal Renato Roca. El avance se dio después de que un tribunal de segunda instancia confirmara el procesamiento contra ambos imputados por defraudación por administración fraudulenta contra la institución, delito penado con un mes a seis años de prisión. Así, las fuentes indicaron que se espera que el juicio comience en el transcurso de 2021.
Según revelaron fuentes calificadas, la acusación señala que quedó acreditado que Castro y Bazán, entre julio de 2013 a junio de 2014, profundizaron los desmanes financieros de la Mutual, en un ejercicio abusivo de las funciones, "ocultando información de la administración e imposibilitando la labor de control, faltando así al deber que les fue confiado para la administración de bienes que no les eran propios". Fuentes calificadas explicaron que, para solventar los gastos operativos, los exdirectivos recurrían a particulares para que aportaran recursos y, a cambio, les entregaban cheques de pago diferido con intereses. Así, a 2013, las exautoridades habían emitido cheques por poco más de 700 mil pesos, mientras que, un año más tarde, prácticamente habían duplicado esa cifra, al punto de alcanzar los 1.400.000 pesos, en documentos librados sin respaldo. Además, el libramiento de algunos cheques lo hicieron con fecha posterior a que se lleve adelante la elección de autoridades de la Mutual, por lo que el rojo financiero quedó a cargo de la nueva gestión, que al llevar adelante una auditoria y constatar las irregularidades, los denunció en la Justicia. El libramiento de cheques no fue lo único, ya que la Mutual recibió un subsidio por 564.942 pesos para la construcción de cuatro cabañas en el camping. Pero las autoridades sólo destinaron 235.000 pesos para la obra, mientras que el resto no sólo no fue rendido, sino que fue a parar a las cuentas generales.
En la mira también habían estado las personas que aportaron los fondos a cambio de los cheques, pero el juez Martín Heredia, en su momento a cargo del Cuarto de Instrucción, dictó las respectivas faltas de mérito.