Como parte de la estrategia sanjuanina para frenar los avances de una ley nacional de glaciares adversa para el desarrollo minero en esta provincia, avanza con fuerza la idea de una veintena de empresarios y dirigentes sindicales sanjuaninos de interponer un recurso de amparo ante los tribunales federales, según deslizó ayer titular de la CGT y fuentes oficiales.
La idea sería solicitar a un juez federal que haga lugar a una medida cautelar de no innovar que suspenda la aplicación de la nueva ley, sancionada por el Senado el pasado jueves, paralelamente a un recurso de amparo sobre la cuestión de fondo acerca de que esa ley es inconstitucional.
De esta forma el empresariado local acompañará la decisión del gobierno de la provincia que ya anunció que acudirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedir una acción declarativa de inconstitucionalidad. El argumento de la provincia es que esa ley viola artículos de la Constitución Nacional al no reconocer la potestad de las provincias sobre sus recursos naturales (art. 144) y se excede de la facultades delegadas de las provincias de sancionar solamente leyes de presupuestos mínimos (art.41).
La estrategia incluye las dos acciones -la de los empresarios y la de la provincia, no necesariamente en forma simultánea-, pero la acción del sector privado en un tribunal federal se resuelve con mayor rapidez que la demanda provincial ante el máximo tribunal, que puede demorar un poco más.
Sería algo similar a lo que hizo Mendoza para frenar el decreto de la promoción industrial, acciones que luego desestimó cuando esa provincia fue incluida en los beneficios impositivos.
La novedad se conoció tras el encuentro de entidades empresariales y gremiales que en la mañana de ayer se reunieron con el gobernador Gioja y parte de su gabinete. En esa reunión se habló largo y tendido sobre esta posibilidad de acciones judiciales que tiene el sector empresarial sanjuanino, para ayudar al gobierno en su defensa de la minería como sector generador de trabajo y progreso de la provincia.
Además se realizó una fuerte autocrítica sobre las fallas comunicacionales sobre los beneficios de esta nueva actividad y se decidió trabajar en conjunto para remediar y encarar nuevas formas de comunicación (ver página 5).
Se enrolaron en esta movida una veintena de entidades de la producción local: Manifestaron su apoyo a la defensa de la minería la Federación Económica, la Cámara Argentina de la Construcción, la Federación Agraria, la Unión Industrial, la Cámara de Turismo, la Cámara de Exportadores, el Banco San Juan, la Cámara de Prestadores de Servicios Mineros, CGT, Casemi, Aoma, UOCRA, Cámara Minera, Gemera, Centro Comercial de San Juan, Centro de ex combatientes, Agrupación Virgen de Fátima, gremio de Hoteleros y Gastronómicos y representantes de las minas Gualcamayo y Casposo, entre otros.
"Hemos tomado la firme decisión de seguir apoyando a la actividad minera limpia, responsable y sustentable en el tiempo, para tener una mejor calidad de vida, y vamos a iniciar las acciones que sean necesarias", dijo Eduardo Cabello, al término del encuentro, rodeado por los representantes de todas las entidades.
"El gobernador va a diseñar las estrategias con su equipo técnico, y nosotros vamos a estar apoyando. No queremos entorpecer algunas situaciones, por eso hoy nos ponemos a disposición de él", agregó en otro párrafo de su discurso. En el mismo sentido, se expresaron otros tres oradores (ver aparte) devenidos en voceros de todo el grupo.
Carlos Otto, titular de la Federación Económica, fue el primero que deslizó la estrategia judicial: "Vamos a salir a defender como hicimos con la promoción industrial hace 3 meses, es decir, todos los trabajadores de la actividad y los empresarios salir a apoyar a la actividad minera y al gobierno", dijo, y agregó "si tiene que ser una estrategia judicial lo será, si tiene que ser una estrategia comunicacional, lo será o si hay que salir a la calle".
Luego, esta cronista preguntó a Cabello:
Al término del día, fuentes oficiales confirmaron que crece con fuerza la decisión de acudir a los tribunales en forma conjunta con el sector privado.