Por el robo de fondos de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación de una oficina del segundo piso del edificio del Juzgado Federal, hay una investigación penal en marcha a pedido del fiscal Francisco Maldonado. En la mira está el personal y los encargados de la custodia del inmueble porque ni la cerradura de la oficina ni del mueble donde estaba guardado el dinero fueron forzadas, por lo que suponen que pudo ser alguien con acceso al lugar. Un primer informe de la Gendarmería Nacional advirtió que las medidas de seguridad no son las “adecuadas”.
El martes 19 de agosto, la encargada de la Obra Social, Mónica Ferro, se encontró con la novedad de que faltaban 22.000 pesos correspondientes a la cobranza del mes e inmediatamente puso la denuncia en la fiscalía federal a cargo de Maldonado, quien ordenó iniciar la investigación, en la órbita del juez federal Leopoldo Rago Gallo. El dinero estaba guardado en un mueble en una oficina del segundo piso del edificio que está ubicado sobre calle Entre Ríos, entre Mitre y Central. Y la última vez que la mujer lo vio fue a las 13 del viernes 15, de modo que la sustracción tuvo lugar entre esa hora y el martes, porque el lunes 18 fue feriado con motivo de recordarse la muerte del general San Martín.
Como la custodia del edificio está a cargo de la Policía Federal Argentina, con una guardia las 24 horas del día, el fiscal Maldonado ordenó la intervención de la Gendarmería Nacional, que ya emitió un informe preliminar. Advierte que no hay cámaras de video, tampoco alarmas ni cierres adecuados y que las medidas de seguridad no son las “adecuadas”.
Otra medida dispuesta es el requerimiento del libro de guardia, en el que figuran las personas que ingresaron o salieron del edificio durante ese fin de semana largo. Por ejemplo, empleados fuera de su horario habitual de trabajo, o cualquier persona ajena al funcionamiento normal de las reparticiones que allí funcionan.
La investigación judicial es por hurto agravado, artículo 163º del Código Penal, que aplica un castigo de 1 a 6 años de prisión o reclusión por hurto en lugares de acceso público. Las penas se aumentan en un tercio en su mínimo y en su máximo, cuando quien ejecuta el delito es “miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario”.
Lo llamativo del ataque es que tanto la puerta de la oficina como la cerradura del mueble donde estaba el dinero no estaban violentados, lo que indica que quien lo sustrajo tenía copia de las llaves. Por eso es que la investigación apunta a determinar el movimiento de las personas con acceso a la zona. El problema es que no hay cámaras de seguridad que puedan echar luz sobre el hecho.
Además de Ferro, sólo hay otra persona con acceso al lugar en el que estaba el dinero. Se trata de Guido Petrignani, quien por esos días se encontraba de viaje fuera de la provincia.
Una hipótesis que se maneja es que alguien pudo hacer una copia de las llaves y acceder sin problemas a los fondos, pero será difícil de comprobar.
En la oficina de la Obra Social, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, manejan efectivo porque si bien a los afiliados directos les descuentan la cuota del mismo recibo de sueldos, a los indirectos, como puede ser un familiar, el importe se abona en efectivo y de ahí la presencia de recursos en el área.
No es la primera vez que hay un ilícito en el edificio de la Justicia Federal. Hace 3 años hubo un faltante de drogas y una causa en marcha (ver aparte).