Luego de una tensa mañana, y con un principio de intento de los vecinos del Barrio Aromas de Vid por resistir la medida, cerca de las 14 de ayer una topadora de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan comenzó con la tarea de demoler una empalizada que imposibilitaba abrir una nueva calle aprovechando los terrenos por los que corrían las vías del ferrocarril y que habían sido usurpados. Fue durante un fuerte operativo de seguridad con la participación de la Policía de San Juan, pero que no tuvo que actuar porque los habitantes de la barriada depusieron su actitud. El centro de la atención fue sobre calle Colón, a metros de la Bodega Graffigna, y marcó el comienzo de un plan para abrir una vía de circulación para descomprimir el tránsito en la zona.

El operativo, que continuará hoy, fue posible porque el juez municipal de Faltas, Horacio Hernández, dispuso cumplir la medida de desalojo de los terrenos municipales luego de resolver 2 apelaciones de vecinos que se resistían a desocuparlos. Con esas resoluciones se completaron los 7 casos con sentencia firme y habilitaron a los funcionarios municipales a actuar, bajo la supervisión de Juan Sánchez, coordinador de Gabinete.

El centro del conflicto es el Barrio Aromas de Vid, donde un total de 16 vecinos ocuparon terrenos que la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIPSE) había donado en el 2000 al municipio para hacer calles o espacios verdes.

El sector que es motivo de la polémica tiene unos 14 metros de ancho por 500 metros de largo, donde algunos aprovecharon para cerrar, hacer piletas, quinchos o parquizar. De los 16, 9 aceptaron entregar pacíficamente las propiedades, pero 7 se resistieron por lo que debió intervenir la Justicia Municipal de Faltas. Y ayer el juez Hernández terminó resolviendo todos los casos y habilitó a la comuna al desalojo.

El argumento de los usurpadores era que no conocían el plan oficial y exigían que la apertura de la nueva arteria debía respetar las normas de seguridad e incluir ochavas, veredas y la correspondiente iluminación para evitar actos de vandalismo.

Fue así que durante toda la mañana se vivieron momentos de tensión porque en un principio los vecinos intentaron resistir la orden judicial y hasta colocaron una camioneta Dodge Ram 2500, de gran porte, sobre la vereda de ingreso al primer predio. Pero después, y con la presencia de un veedor judicial, los efectivos policiales se acercaron a los habitantes del barrio y les comunicaron que tenían orden del juez para avanzar.

Allí volvió el nerviosismo porque el abogado Nasser Uzair, en representación de los vecinos, dijo que “hago responsable al intendente Lima de cualquier cosa de suceda y de cualquier rotura a los bienes”. Incluso la esposa del propietario de la camioneta, María Giandinotto, pidió al menos un día de plazo para retirar algunos elementos del predio, pero no se lo dieron. Fue así que sobre las 14, y después de haber retirado la camioneta con una grúa, la topadora empezó con su tarea de despeje para ingresar a la propiedad.

De todos modos, la tarea de los municipales de abrir toda la calle no se pudo completar. Y del lado de los vecinos, analizaban presentar hoy un recurso de amparo para detener los trabajos de demolición. Uno de los argumentos que esgrimen es que todavía pueden apelar la orden del juez de Faltas ante la Corte de Justicia.