El juez Héctor Rollán hizo lugar a un planteo presentado por las actuales autoridades de la Caja Previsional de los Médicos, Bioquímicos y Odontólogos (MOB) y dispuso un embargo de unos 7 millones de pesos contra integrantes de la anterior administración y cuatro personas más que supuestamente estafaron a la entidad con la compra de un terreno. La medida busca garantizar que los demandados, en caso de ser condenados, paguen lo que les corresponda.
El senado escándalo de la Caja MOB salió a la luz en agosto, cuando se supo de una denuncia Penal que presentó la conducción de la Caja MOB para que se investigue si la institución fue víctima de una estafa. Pasa que la anterior administración compró en 2011 un inmueble en Santa Lucía por 1.040.000 dólares, cuando en realidad sus dueños pedían y cobraron sólo 260 mil dólares.
La causa Penal tiene hasta ahora cuatro procesados por el delito de estafa. Son el odontólogo Luis Minin, que integraba la Comisión de Terrenos de la Caja MOB que debía buscar un terreno para construir viviendas para los afiliados; el por entonces tesorero de la entidad, Oberdank Fernández, el operador inmobiliario Walter Orellano y la escribana María Isabel Carchano. Supuestamente, articularon acciones ilegales para quedarse con una jugosa tajada de dinero.
Paralelamente, la conducción de la Caja MOB que encabeza el médico Carlos Domínguez interpuso en octubre la demanda para recuperar lo que se pagó por el inmueble, es decir 1.040.000 pesos.
Como una medida de carácter preventivo, Rollón ordenó embargar bienes de 10 personas por un total que supera los 7 millones de pesos. La resolución se dictó antes de la devaluación, por lo que se tomó en cuenta el antiguo valor de cambio para determinar el equivalente en pesos.
Según fuentes judiciales, entre los alcanzados por el embargo están Minin, Fernández y Carchano. Sobre Orellano también pesa la misma orden, pero los investigadores concluyeron que no tiene bienes inscriptos a su nombre y, por ahora, zafa.
Por otra parte, hay seis integrantes de la vieja conducción, la que estaba a cargo cuando se concretó la operación, a quien la actual conducción le endilga ser responsable del perjuicio económico por no haber tomado recaudos. Las fuentes aseguraron que sufrieron el embargo el expresidente Pedro Terentí, la vicepresidenta María Teresa Casavega, Julio Romero, Jorge Fraifer y Ricardo Maiorana. La orden apuntó, además, a Alicia Dominguez, pero al parecer tampoco tiene bienes a su nombre.
El embargo fue pedido por la Caja MOB al momento de presentar la demanda, porque es una herramienta que le permitiría asegurarse cobrar si el juez determina que los presuntos responsables del perjuicio le tienen que reintegrar el dinero. Los bienes embargados no pueden ser vendidos ni transferidos mientras dure el efecto de la medida y si la causa termina con una condena, la Justicia los puede sacar a remate para que la institución se quede con el producido. Además, el monto se puede ajustar a futuro para que siga siendo equivalente a 1.040.000 pesos.