Un embargo judicial sobre las cuentas de Calingasta puso en peligro el pago de salarios de personal de planta permanente y contratados, según confirmó el intendente Robert Garcés en diálogo con Radio Colón. Según dijo el jefe comunal, esperan poder cumplir hoy con liquidaciones, a partir de la gestión de recursos extra desde el gobierno provincial. El embargo es por unos 600 mil pesos y corresponde a un juicio por un recorte salarial de 1996.