Está en la mira por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es que, como comisario de la Policía a cargo del Depósito Judicial, Gustavo Padilla quedó expuesto por el uso irregular de una camioneta Toyota Hilux, sobre la que consiguió una autorización judicial para usarla para fines laborales, pero, en cambio, la utilizó para hacer travesías en la montaña e ir al campo con su amigos. Fuentes judiciales confirmaron que el juicio por ese expediente va camino desarrollarse en septiembre, siempre y cuando las medidas sanitarias dispuestas por la pandemia lo permitan. Además, las autoridades judiciales apuntan a que el debate sea presencial, por lo que ya se analiza el uso de las salas de audiencia del sistema acusatorio o del sistema de Flagrancia.
El delito investigado tiene una escala penal que va de un mes a dos años de cárcel.
Quien tiene el juicio en sus manos es la titular del Tercer Juzgado Correccional, Mónica Lucero, debido a que los delitos por los que fue procesado por el entonces juez del Primero Correccional son competencia de ese ámbito, según establece el viejo Código Procesal Penal. Según fuentes oficiales, lo único que resta es fijar una fecha de juicio, el que se espera que demande unas tres semanas, dada la cantidad de testigos y pruebas presentadas. Ese expediente causó revuelo en Tribunales porque abrió la puerta a la investigación contra el exjuez penal Pablo Flores, quien le había entregado la camioneta a Padilla de manera irregular, ya que la cesión de esos vehículos está reservada a la Corte. El exmagistrado renunció para evitar un juicio de destitución. Tras el pedido de la fiscal Claudia Salica, Flores fue procesado.
El uso de la camioneta no es la única causa del excomisario, ya que también fue procesado por la sustracción de autopartes. Según las fuentes, dicha resolución fue confirmada por la Cámara Penal y también está a la espera de que se fije una fecha de debate. Y También está en la mira por la apropiación de un auto, al que Padilla accedió luego de haber engañado a la titular del vehículo y haberlo retirado a través de un acta con una firma falsificada de un jefe de policial.