El patrimonio del juez destituido Carlos Macchi también se encuentra bajo la lupa. La Justicia ha puesto la mirada en si incrementó sus bienes (como propiedades y vehículos) y si realizó gastos que no se corresponden con su ingreso en los últimos 15 años. De ser así, lo que se busca averiguar es si está vinculado o no a un hipotético retorno de dinero de los irregulares juicios de expropiaciones en los que dictó sentencia y por los que está siendo investigado en sede penal. Para ello, existe la posibilidad que se entrecruce esa información con su declaración jurada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), indicaron fuentes judiciales.
El martes salió el requerimiento de instrucción del fiscal Carlos Rodríguez, lo que abrió el camino para que el exmagistrado sea indagado, en principio, como presunto autor de los delitos de fraude contra la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Macchi está en la mira por haber dictado sentencias en 5 juicios de expropiaciones en las que se apartó de toda razonabilidad, que le terminaron costando millones de pesos al Estado y en las que salió beneficiado el abogado que llevó adelante las causas, Santiago Graffigna, procesado como el líder de una asociación ilícita, según los argumentos que se desprendieron del Jurado de Enjuiciamiento que lo destituyó en diciembre pasado (ver recuadro). Por esa situación, el exjuez está involucrado en la megacausa de las expropiaciones, en la que se sospecha que existió una red de jueces, abogados y funcionarios que se dedicaba a inflar el valor de los terrenos que expropiaba la provincia para sacarle sumas millonarias.
Además del requerimiento de instrucción, Rodríguez pidió una serie de informes que revelarían si Macchi tuvo movimientos llamativos en su patrimonio en los últimos 15 años, adhiriendo de esa manera al planteo que había realizado en su denuncia el fiscal de Cámara, José Mallea, quien fue uno de los acusadores en el Jury. Uno de ellos es a la Policía Federal, a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Aduana para que informen si ha viajado al exterior. Y si lo hizo, cuántas veces, con qué empresa de turismo, día de partida y regreso y eventuales acompañantes, entre otros puntos. También está entre los planteos el pedido al Registro General de la Propiedad para que dé a conocer si en ese lapso adquirió inmuebles. Y la solicitud se hizo extensiva a los Registros de la Propiedad del Automotor ubicados en la provincia, para que se detalle los vehículos que se encuentren (o se hayan encontrado) a nombre del exjuez. Toda esa información apunta a determinar si sus gastos o bienes crecieron sin justificaciones durante el período en el que dictó las polémicas sentencias. Y para comprobarlo, en Tribunales analizan la posibilidad de cotejarla con la declaración jurada ante la AFIP. En el caso de que se haya dado un incremento injustificado, el objetivo es averiguar si está relacionado o no con las causas de expropiaciones. Los informes también están dirigidos a los peritos que tasaron los inmuebles para Graffigna. Se trata de los ingenieros Fernando Videla, Víctor Bustos y Juan Pablo Quiroga, quienes también están en la mira por valuar rubros inexistentes que terminaron incrementando el valor de las propiedades.
Las causas que complican a Macchi son 5 y las que se terminaron pagando fueron 2. La primera es “Ruiz, Guillermo”, una esquina de 1.400 m2 por la que el Estado pagó 23 millones de pesos. La segunda es la caratulada como “Anes, Ramón”, por la que se desembolsaron 10 millones de pesos por 9 hectáreas en Cuesta del Viento. Según se desprende de la causa, Graffigna habría cobrado alrededor de 25 millones de pesos por esos 2 expedientes. En cuanto a los restantes casos, sus pagos fueron frenados por una medida cautelar que solicitó el Gobierno: habían en juego cerca de 1.572 millones de pesos.