Para la jueza María Inés Rosselot está probada la existencia de una red delictiva (conformada por abogados, jueces, empleados y funcionarios) que se dedicó a sobrevaluar el valor de terrenos que fueron expropiados por el Estado y así, sacarle sumas astronómicas y teñidas de ilegalidad a las arcas públicas. Según una pericia, se pagaron 45 millones de pesos por 8 juicios cargados de irregularidades y en juego hay otros procesos por 1.132 millones de pesos, los cuales fueron congelados por una medida cautelar que dictó la misma magistrada a raíz de un planteo de la provincia. Después de más de 2 años y medio de investigación, la magistrada procesó a 11 implicados y consideró que 10 de ellos formaron parte de la asociación ilícita, mientras que entendió que el restante, el exfiscal de Estado Mario Díaz, cometió fraude contra la administración pública. En la causa también está en la mira el abogado Horacio Alday, quien no se presentó ante la Justicia y sobre el que pesa un pedido de detención. En su resolución, la magistrada describió detalladamente cómo actuó la presunta banda delictiva y el papel que desempeñaron los involucrados, bajo la organización del abogado Santiago Graffigna. Aquí, una síntesis del rol de cada uno.
Norberto Baistrocchi
El abogado estaba en la mira de la Justicia, pero no fue procesado porque falleció el 28 de junio de 2012. Para la jueza, fue una pieza clave en el entramado de la causa. Se desempeñaba en Fiscalía de Estado, desde donde llevó adelante los juicios de expropiación de los inmuebles en los que se construyó el dique Cuesta del Viento, en Iglesia, procesos que comenzaron a realizarse en el período 1994-1997. Le asignaron esa tarea porque conocía el tema, ya que fue asesor legal de la Dirección de Recursos Energéticos en 1985, organismo que efectuó el relevamiento de la zona para llevar adelante la expropiación. Según la resolución, luego de que el Estado tomara posesión de los inmuebles, lo cual se plasmaba en un acta, Baistrocchi llevó personalmente algunos expedientes a los juzgados civiles que tramitaban los casos. La magistrada aseguró que dichos expedientes quedaron en poder del abogado, quien luego se los entregaba en mano a Graffigna para que este pudiera desplegar la maniobra. Si bien no fue sometido a proceso, Baistrocchi fue cesanteado de su cargo en Fiscalía de Estado por las irregularidades que cometió. La magistrada ordenó un allanamiento en su estudio y los investigadores encontraron diversos expedientes.
Néstor Ruiz
Era el empleado de Recursos Energéticos que fue designado en 1985 para realizar el relevamiento en la zona donde se iba a construir el dique. Según la jueza, era un conocedor del lugar y de sus habitantes. Hizo un informe sobre los terrenos que iban a ser expropiados y confeccionó el acta de toma de posesión de los inmuebles por parte del Estado. Rosselot explicó en su resolución que no incorporó dichas constancias al expediente, lo que resultó vital para la maniobra delictiva. Es que si no se encontraban las actas de las distintas tomas de posesión (las que empezaron a ejecutarse entre 1994 y 1997), el reclamo por el pago de los intereses por la indemnización (que efectuó Graffigna) debía computarse desde 1985, fecha del decreto de declaración de utilidad pública de los inmuebles sujetos a expropiación. Al igual que Baistrocchi, también retiró personalmente expedientes del juzgado de Iglesia, que debía trasladar hacia los juzgados civiles que tramitaban las expropiaciones pero que nunca entregó. Ruiz manifestó que los habitantes del lugar abandonaron las propiedades tras la notificación del decreto de 1985, pero de las constancias surge que, junto a Baistrocchi, llevaron a cabo la toma de posesión en 1994 y 1997.
Tribunal de Tasaciones
La jueza Rosselot entendió que los 6 miembros del Tribunal de Tasaciones (Joaquín Fernández, Pedro Bazzani, José Manuel Moreno, Adolfo Cravero, Julio César Fernández y Eduardo Olivera) cambiaron constantemente de criterios, sin justificación alguna, para fijar el precio de los terrenos. Señaló que determinaron los valores más altos en los expedientes en los que era parte Graffigna, como apoderado de los propietarios de los inmuebles, y Baistrocchi como demandante. Ante expropiaciones en la zona donde se hizo el dique, el organismo tasador pedía el acta de toma de posesión a Recursos Energéticos cuando no se encontraba en los expedientes, constancia vital para determinar la fecha de valuación. Sin embargo, esa práctica desapareció en los casos en los que intervino Graffigna. Además, el Tribunal comenzó a aplicar un criterio distinto, ya que empezó a tasar los inmuebles rurales como urbanos, al fijar valores por metro cuadrado y no por hectárea, como lo venía haciendo antes de la intervención del abogado implicado. Por esa razón, la magistrada remarcó que "actuaron de manera convergente, voluntaria y dolosa en favor de los intereses del Dr. Graffigna".
Ana María Melvin
Era la perito que se encargaba de valuar los inmuebles a nombre del Estado. La jueza consideró que, al igual que el Tribunal de Tasaciones, cambió de criterios a la hora de fijar los precios de los terrenos en los casos en los que intervino Graffigna. Su evaluación de la zona rural también se modificó. De tasar por hectárea pasó a evaluar por metro cuadrado. La exjueza del Tercero Civil, Myriam Bettio, realizó una declaración testimonial en la que manifestó que Melvin le habría comentado que sufrió presiones, en un expediente en el que el abogado era parte, para valuar un inmueble rural por un precio mucho más elevado que el criterio que venía sosteniendo.
Rosalba Marún
Era la titular del Primer Juzgado Civil, en donde se tramitaron varios juicios expropiatorios. Se jubiló con el 82 por ciento móvil para evitar la destitución a través de un Jury de Enjuiciamiento.
Rosselot le reprocha a Marún que Graffigna sabía que las sentencias en ese Tribunal eran favorables a sus intereses.
Además, le endilga el hecho de haber condenado al Estado a "pagar sumas totalmente irracionales". Ante la pérdida de 3 expedientes (uno fue hallado en el estudio de Alday durante un allanamiento y los restantes en el de Baistrocchi), la exmagistrada los reconstruyó en uno solo, bajo su juzgado. Así, de un terreno de más de 2 hectáreas se pasó a uno de más de 9 hectáreas. De esa manera, se acumularon los 3 procesos tramitados en distintos juzgados, "sin ninguna razón o resolución que la jueza argumentara y comunicara a sus pares", resaltó Rosselot.
Además, en 2 juicios expropiatorios, en los que no hubo informe del Tribunal de Tasaciones porque se le venció el plazo de presentación, Rosselot entendió que la exjueza aplicó "un sistema de actualización contrario a todo criterio de razonabilidad, beneficiando así los intereses de Graffigna". En uno de los procesos, Marún tuvo en cuenta las pericias de parte sobre uno de los inmuebles, el cual llevaba 5 años bajo las aguas del lago del dique.
Mario Díaz
Era el titular de la Fiscalía de Estado, el organismo encargado de defender el patrimonio de la provincia y quien debía vigilar el desempeño de Baistrocchi. En primer lugar, la jueza destacó que el accionar de Díaz tiene su génesis en una actitud negligente, ya que era "de vital importancia el conocimiento de cada una de las causas que tramitaban por las distintas áreas del organismo, que estaban o debían estar bajo su supervisión". Aunque tenía la facultad de conferir carta poder a los abogados que pertenecen al staff de la Fiscalía para que en su representación tramiten las causas, Rosselot le reprocha que debiera ejercer una función de contralor sobre el universo de causas que estaban bajo su responsabilidad, dado que esta era su función. En la resolución, la jueza destacó que Díaz le pidió información a Baistrocchi sobre las causas que llevaba y que éste le dijo que "todo estaba bien".
Inclusive el exfiscal le solicitó al jefe del área de Inmuebles un informe sobre el estado de los juicios que tenía el abogado bajo su órbita, pero el responsable del área le contestó que no tenía conocimiento de la labor. Ante esas respuestas, Rosselot le recrimina que se conformó con esas explicaciones.