Al renovarse anualmente la presidencia en la Corte de Justicia, a partir de marzo le tocará el mandato al ministro Daniel Olivares Yapur. El cortista habló con DIARIO DE CUYO y contó que su impronta será la de que "la Justicia sea eficiente, al servicio de la gente". Excandidato a diputado del PJ por Pocito en 2003, el miembro del máximo tribunal resaltó que "no voy a renunciar a mi historia", aunque dejó en claro que, desde que fue designado juez de primera instancia, allá por 2004, y en toda su carrera, "he cumplido con todas las prerrogativas constitucionales del cargo".
– El 1 de marzo comienza su presidencia en la Corte, ¿qué impronta le va a dar?
– El presidente representa y es el ejecutor de lo que decide la Corte respecto de la política de Estado del Poder Judicial. Es el primer servidor y responsable del funcionamiento del Poder Judicial. La impronta va a ser una continuidad de un plan de trabajo que hemos definido y que se viene ejecutando desde hace tres años, desde la presidencia de Guillermo De Sanctis. Ha habido una continuidad en ese plan programático de trabajo en la presidencia de Adriana García Nieto.
– A De Sanctis se le ha visto un perfil confrontativo, si se quiere, a la hora de encarar los cambios. García Nieto, a su vez, apuntó a la perspectiva de género. ¿Cuál va a ser su estilo?
– Siempre he sido un conciliador. Mi primera obligación es que la Justicia sea eficiente y eficaz, en beneficio y al servicio de la gente. La mayoría de los cambios de este proceso de transformación histórico que se ha vivido en el curso de estos últimos dos años ha hecho que la Justicia se prepare para poder estar más cerca de la gente y dar respuesta a los conflictos. Los cambios que hubo en años anteriores en materia legislativa y readecuaciones de infraestructura tenían por objeto beneficiar a los operadores judiciales. Las modificaciones actuales le ponen mayor cantidad de responsabilidad a los jueces, funcionarios y empleados. Los cambios estructurales se han logrado, lo que pretendemos es hacerlo funcionar eficientemente para dar una respuesta a la comunidad sanjuanina.
"Se está cumpliendo el plazo para que la empresa presente el proyecto ejecutivo de la Ciudad Judicial".
– Si bien es prematuro, ¿cuál va a ser el eje de su discurso de apertura?
– No va a haber acto de apertura como en años anteriores, por razón de la pandemia. Sólo voy a dirigir unas palabras, que van a durar breves minutos, hacia la comunidad jurídica y en general, explicando que todos los cambios tienen como objeto tratar de llevar la solución de la Justicia a la gente. El mensaje va a ser grabado y difundido por el sitio web del Poder Judicial y redes sociales.
– Está a punto de implementarse el acusatorio, ya se puso en marcha la oralidad en laboral y civil, están las oficinas judiciales en estos fueros, ¿qué le queda por implementar en cuanto a cambios de procedimientos, si es que queda algo?
– Este año nos proponemos trabajar sobre la ley orgánica de Tribunales, porque ha quedado anacrónica en gran parte. Se tiene que adecuar a las transformaciones que se han producido y que comprenda el régimen laboral de acuerdo al funcionamiento que tenemos en los organismos. Tenemos hasta distintos regímenes laborales dentro del Poder Judicial porque, por primera vez en la historia, hay tres organismos que funcionan las 24 horas de todos los días del año, como Anivi, el Centro de Abordaje a Niños y Niñas Víctimas de ataques sexuales; Cavig, el Centro que contiene a víctimas de violencia intrafamiliar y de género, y Flagrancia. Eso es poner la Justicia al servicio de la gente. También tenemos la idea de impulsar un Código de Procedimiento en materia de familia. Creemos que es muy necesario desprender del Código Procesal Civil las normas específicas en materia de relación de familia y adecuarla a la nueva normativa que establece el nuevo Código Civil.
– En ese punto, ¿qué modificaciones están previstas?
– Fundamentalmente, la oralidad, la celeridad en materia de definiciones cautelares en muchos de los casos de contención de los menores. Hay que readecuar las normas para hacer menos burocrático el procedimiento, con mayor llegada a los graves problemas que hay en el ámbito familiar.
– En el transcurso de su gestión se va a desarrollar plenamente el sistema acusatorio, ¿se le ha dotado de recursos suficientes para que no fracase?
– Sí. Es todo un desafío, lo hemos analizado, lo venimos trabajando hace años, con especialistas. Se van a acortar sustancialmente los plazos, creemos que se va a resolver un porcentaje mucho mayor de causas penales. La investigación va a quedar en cabeza del titular de la acción penal, que es el Ministerio Público Fiscal, al igual que me parece gravitante el rol de los jueces de garantías, que son los que no solo tienen que garantizar los derechos del debido proceso legal de las partes, sino que también tienen la misión de juzgar, condenar y absolver, y lo deben hacer en procesos orales. Eso ocurre en Flagrancia y en los procesos civiles y laborales. Por eso, la Justicia está encaminada a brindarle soluciones a la ciudadanía. Se terminó la época del juez encerrado en su despacho. Ahora, tiene la obligación de ir a la sala de audiencias y estar en contacto con las partes, con el problema y resolverlo. Antes, en el sistema anterior, tenían un doble rol, investigar y hacer justicia. También es trascendente la ley que hemos impulsado de creación de la Defensa Oficial, la que posee autonomía funcional y es clave en el sistema acusatorio.
– ¿Está confiado en que no va a fracasar?
– No habrá fracaso, todo es para beneficio del ciudadano y para garantía del efectivo cumplimiento de la misión de la Justicia.
– Si hubiera fallas, ¿sería de personas y no del sistema?
– Creo que sí. Podría haber fallas de personas y no del sistema. Tenemos el sistema informático desarrollado, la tecnología que está siendo instalada, la infraestructura física. Ha sido una gran apuesta, que la ha impulsado la Corte y en la que ha participado activamente el Poder Ejecutivo, que definió el aumento de la participación presupuestaria para poder llevar a cabo el sistema acusatorio, y el aporte del Legislativo. Es una verdadera política de Estado.
– Habló de las Oficinas Judiciales, que están implementadas en el fuero Laboral, en Familia y que se pusieron en marcha en el Civil. Hay críticas de los abogados sobre su funcionamiento, que no tendrían el efecto deseado. ¿Tiene argumentos para rebatir los cuestionamientos? ¿Qué hay para mejorar?
– El balance ha sido positivo, sin perjuicio de que todavía hay cosas que se están reacomodando porque, en esto, ha tenido mucho que ver la pandemia del coronavirus. Ha habido una reducción de grandes grupos de trabajo porque en la Oficina Judicial, en una misma planta, trabajan 46 personas en dos turnos. Por ahí tuvimos que aislar 20 personas que no podían trabajar durante 15 días y el resto se subdividía nuevamente. La capacidad de respuesta no ha sido la que esperábamos porque no se ha podido trabajar a pleno, tanto en la Oficina Judicial Laboral como en la de Familia. Hemos tenido una vacante de un juez y el otro estuvo con Covid-19, por lo que tuvimos que cubrir con jueces subrogantes. Hemos pasado por una innumerable cantidad de dificultades que impiden sacar un número de resoluciones como el que habíamos imaginado. De todos modos, nunca se cerró el fuero de Familia, los abogados han podido litigar y nunca han dejado de percibirse las cuotas alimentarias. Instrumentamos el pago de cheque electrónico, transferencias electrónicas, lo que funciona perfectamente. Cuando se inició, en febrero del año pasado, no todos los juzgados laborales estaban al día en el despacho, había un montón de problemas edilicios, faltaba personal. Hemos hecho designaciones y hemos podido completar la Oficina Laboral en los últimos meses de este año. Creemos que, este año, si la pandemia lo permite, podríamos mejorar sustancialmente las estadísticas, además de que los profesionales se han ido amoldado.
– Dijo que es positivo, ¿ha habido más resoluciones que con el viejo sistema?
– Sin dudas, ha habido muchas más resoluciones, más capacidad de respuesta, se han acortado los plazos, tanto en primera como en segunda instancia.
– Ha habido casos de jueces que no trabajaban todo lo que exige el cargo. ¿Esa situación continúa? ¿Ha notado esos hechos?
– En general, los jueces tienen un trabajo muy esforzado. Y, más aún, porque las normas los obliga a trabajar de esa manera, a celebrar las audiencias en plazos cortos, en la tarde y trabajar todo el día, como corresponde que sea. En algunos casos, hubo tribunales que estaban atrasados, por lo que nos hemos ocupado de visitarlos y de dialogar con los jueces. Y se están realizando las auditorías que corresponden a través de la Oficina de Control de Calidad y Gestión Judicial. Eso lo vamos a continuar. El objetivo no es sancionar sino acercarnos al juez que tiene dificultades para ver cómo le podemos solucionar los problemas para mejorar la eficiencia de su juzgado. Esta preocupación nos lleva al control, que lo vamos a seguir ejerciendo. Y vamos a tomar todas las medidas para que el juez trabaje todo lo que la ley le obliga y sea eficiente en su trabajo, pero, también, para colaborar con él, dotándolo de todo el equipo de personal, funcionarios e infraestructura que necesita para poder desarrollar la tarea.
"Tener un diálogo fluido con los jueces es un objetivo fundamental, el que lo venimos cumpliendo".
– Pero una cosa es colaborar y ayudar al juez que lo necesite, pero otra es detectar casos irregulares…
– Si algún juez es merecedor de una sanción, no tenga ninguna duda que esta Corte le va a aplicar las sanciones correspondientes. Lo que pasa es que son casos muy aislados, porque, en general, son funcionarios de alta responsabilidad.
– ¿Ve que haya que reforzar algo más en algún fuero?
– Siempre hay lugares donde hay que reforzar por diferentes razones. Las grandes transformaciones en materia legislativa y de infraestructura las estamos culminando. Nos queda ir viendo las falencias que puedan surgir y cómo solucionarlas para tener el resultado que hemos imaginado. Estos cambios son todos recientes para todos los fueros. Es inédito en la historia del Poder Judicial de San Juan. Hay que hacer un poquito de camino al andar.
– ¿En su gestión será como el que irá ajustando aquellas cosas que no salgan bien?
– La Corte siempre está pendiente de hacer los ajustes que resulten necesarios para mejorar el servicio de Justicia, más una Corte que escucha, que está abierta a las opiniones. Este año hemos recibido al Foro de Abogados y al gremio judicial y hemos atendido sus inquietudes. Hemos logrado amalgamar los requerimientos de un lado y de otro porque, en el marco de la pandemia, hemos sido muy cuidadosos de la salud de nuestros empleados, sin descuidar el servicio de Justicia y la posibilidad de que los abogados sigan trabajando.
– Trascendió un cruce del ministro De Sanctis con la presidente García Nieto y el fiscal General, que rozó al resto de los cortistas, ¿cómo lo vivió?
– Mi relación con mis cuatro pares es excelente, muy fluida, la mayoría de las decisiones se toma por unanimidad. Del mismo modo es mi relación con el fiscal General y la defensora General. Desde esa óptica, considero que la Corte trabaja muy unida y en bloque. En todo equipo de trabajo puede haber alguna diferencia, pero, si en este caso la ha habido, en particular, no la he percibido. Tomé conocimiento del tema del audio a través de las publicaciones. En mi caso, no lo he podido advertir ni en mi despacho ni en los acuerdos, en los que siempre ha habido un trato muy respetuoso, aún en el disenso.
"El esfuerzo en pandemia ha sido inconmensurable. Pero siempre hay posibilidad de mejorar".
– Hay abogados y opositores que cuestionan la influencia del poder político en el Poder Judicial, ¿cómo va a hacer para despegar esa imagen?
– Es una falacia de que el poder político influye en el Poder Judicial. Si hablamos de lo jurisdiccional, es absolutamente una mentira. Los jueces son libres de decidir conforme a su criterio, a su leal saber y entender profesional. Cada juez resuelve con total y absoluta libertad. Ahora, en el ámbito de cumplimiento de los objetivos de política de Estado, es necesario que el Poder Judicial no se enfrasque, venimos de muchos años de atraso por pretender un Poder Judicial aislado de todo, de la comunidad y de los otros poderes del Estado. Tenemos la obligación de tener una relación fluida, respetuosa, institucional con los otros poderes del Estado. Lo que pasa es que hay gente que no distingue. Nosotros, como jueces de la Corte, cuando vamos a resolver, lo hacemos con total y absoluta autonomía. Hace muchos años que soy juez y nunca he sentido ningún tipo de presión.
– Otra crítica es que es una Corte peronista…
– La Corte cumple con todas las prerrogativas constitucionales. Obviamente, en la Corte somos funcionarios que otrora hemos participado como ciudadanos de una filosofía política. No nos rasguemos las vestiduras porque no estamos en un estado celestial, estamos en un estado terrenal. No voy a renunciar a mi historia. Estoy orgulloso de haber hecho lo que hice, pero, desde que me designaron juez, he cumplido con todas las prerrogativas constitucionales del cargo, no estoy afiliado ni participo de ninguna actividad que tenga que ver con un partido político. Lo digo por mí y por mis pares, son jueces que están abocados al trabajo institucional y constitucional que nos corresponde como ministros de la Corte.