Tal cual había adelantado DIARIO DE CUYO, el exintendente de Ullum Daniel Albarracín tendrá que dar explicaciones en la Justicia y no lo hará solo, ya que también, a su turno, deberá responder quien fuera su secretario de Obras, Horacio Ortiz. Ambos serán indagados el próximo miércoles a las 9 en el Cuarto Juzgado de Instrucción por el delito de fraude en perjuicio de la administración municipal. Los dos están en la mira porque durante la gestión pasada se habría pagado la mitad de una obra que prácticamente no se hizo y otra que tuvo un magro nivel de construcción y quedó incompleta. Según la denuncia, el departamento perdió más de 620 mil pesos y no se sabe dónde fue a parar ese dinero.
La lupa se posó sobre el ex jefe comunal debido a que es el máximo responsable de la administración departamental, mientras que Ortiz fue quien autorizó las cancelaciones de los avances de obra que, en principio, no fueron tales. La causa surgió a raíz de la denuncia que en febrero presentó el sucesor de Albarracín, el basualdista Leopoldo Soler, en la Fiscalía de Instrucción a cargo de Ana Lía Larrea. La representante del Ministerio Público solicitó que se abra la investigación y como había adelantado este medio la semana pasada, pidió que el anterior intendente y su por entonces secretario de Obras fueran indagados. Tras las medidas y pericias que había ordenado, el juez Martín Heredia fijó la fecha para que ambos puedan defenderse y den las explicaciones correspondientes, si es que desean hablar.
Hay dos obras sobre las que recaen fuertes sospechas de que se pagó mucho más de lo que en realidad correspondía y el destino del dinero es una verdadera incógnita. Una de ellas es la construcción de un jardín maternal en el barrio Ullum II con fondos municipales, el cual debía estar listo con terminaciones exteriores y la pintura, las instalaciones eléctricas y sanitarias, la parquización, iluminación y senderos peatonales y sólo está la obra gruesa. El contrato se firmó en 3 expedientes con una cooperativa que debía realizar los trabajos. Apenas asumió Soler, encargó una auditoría interna y en dos de ellos salió a la luz que se abonaron certificados de avances de obras por la casi totalidad de las tareas, pero que en la práctica no se habrían ejecutado (ver aparte). El tercer expediente señala que se realizó el 62,5 por ciento de la obra, pero como en el contrato no se especificaron los ítems que se debían llevar a cabo, la auditoría no pudo determinar el verdadero avance de obra. De acuerdo a la denuncia, se desviaron un total de 367 mil pesos.
El Juzgado también investiga la donación de autopartes de la comuna a un particular y la presunta adulteración de una orden de pago.
La segunda obra en la mira es la remodelación de la planta de agua potable municipal. La auditoría también reveló que se pagaron certificados por trabajos que no se habrían realizado. El juez Heredia ordenó una pericia oficial y si bien no trascendieron detalles, la misma revelaría el mismo resultado. La empresa que debía realizar las tareas era PVC San Juan y se pagaron 255 mil pesos.
Fuentes calificadas explicaron que el primero en declarar será Ortiz y luego seguirá Albarracín. Si bien serán indagados por fraude contra la administración, no se descarta que les imputen un supuesto incumplimiento de sus deberes como funcionarios. Ambos delitos son excarcelables, por lo que no quedarán detenidos. Luego de la indagatoria, el magistrado debe definir si los procesa.
En la mira
Planta de agua potable municipal
55 Es el porcentaje de avance de obra que figura en los certificados pagados por la gestión de Albarracín.
0,1 Es el porcentaje de obra que efectivamente se hizo, según reveló una auditoría de la actual gestión.
Jardín maternal
99 Es el porcentaje de obra que aparece certificado y pagado en el primer expediente.
7,2 Es el porcentaje de lo que realmente se ejecutó de las obras de ese expediente, según la auditoría interna.
99 Por ciento de avance de obra figura en los certificados, los cuales se pagaron en el segundo expediente.
0,2 Por ciento es lo que se hizo de las tareas del segundo expediente, según figura en la denuncia.