Luego de la postergación del juicio de extradición contra el exconcejal español Carlos Fernández Gámez, en el Juzgado Federal Nº2 fijaron la nueva fecha. Será el miércoles a las 9 y quien se desempeñaba como “coach” de empresarios y políticos en San Juan enfrentará el pedido de la Justicia de su país para que regrese y rinda cuentas por causas ligadas a hechos de corrupción. En España lo quieren juzgar por seis expedientes penales, pero en el proceso local se definirá si prescribieron todos o algunos de ellos. Así, en la nación ibérica sólo deberá responder por los delitos cuya acción penal no se haya extinguido por el paso del tiempo, explicaron fuentes calificadas.
El caso causó conmoción cuando Fernández Gámez fue detenido el 15 de septiembre. Había ingresado al país en 2006, tras irse de España con sospechas de corrupción a cuestas mientras fue concejal en Marbella. En San Juan creó una empresa con la que asesoró a políticos y empresarios. Y en su faceta personal, se casó y tuvo dos hijos.
El juicio se había fijado para el 1 de este mes y el juez Leopoldo Rago Gallo debía decidir si era procedente la extradición por dos casos: uno denominado como “Saqueo II”, en el que se investigó la utilización de las empresas municipales para eludir los controles legales y saquear las arcas del municipio, según había reflejado Diario Sur. El otro es por una causa denominada “Urbanística”, en la que el exedil está acusado de conceder una licencia de construcción para que una empresa edificara viviendas, en un lugar que no estaba habilitado. Según habían adelantado fuentes judiciales, el fiscal Francisco Maldonado iba a solicitar la extradición por el primer expediente, ya que entiende que no está prescripto. Es que hubo una medida judicial en España (la apertura del juicio oral contra el exconcejal en 2009) equivalente al requerimiento de elevación a juicio en Argentina, que interrumpió la extinción de la acción penal por el paso del tiempo. Y como el delito equiparable en ambos países es la malversación de caudales públicos, el mismo tiene una pena máxima de 10 años, lo que estira los plazos de prescripción a 2019.
Pero el proceso se suspendió debido a que el día anterior había ingresado otro pedido de extradición por cuatro expedientes más. Uno de ellos es el caso “Malaya”, una megacausa de corrupción que desnudó un entramado de actividades delictivas realizadas por empresarios, abogados y dirigentes en el órgano de gobierno y administración de la comuna española. Los otros también tienen que ver con la concesión irregular de licencias urbanísticas, informaron las fuentes. Ahora, el fiscal, la defensa y el magistrado deberán tener en cuenta los nuevos casos.
Posturas
De acuerdo a la ley de Cooperación Internacional en Materia Penal entre ambos países, el fiscal representa “el interés por la extradición”. Los defensores de Fernández Gámez, Fernando Rahmé y Rolando Lozano, apuestan al rechazo de la extradición por los vínculos familiares y laborales que ha forjado en San Juan.