Aunque aún no hay una fecha precisa, fuentes calificadas aseguraron que el juicio oral y público contra el titular del Juzgado Civil Nº 5, Carlos Macchi, comenzará en la primera quincena de agosto. El magistrado fue denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento por haber cometido presuntas irregularidades en juicios de expropiaciones que le costaron a la provincia millones de pesos y se tendrá que sentar en el banquillo de los acusados para que decidan su suerte. Le endilgan haber dejado pasar y convalidar maniobras ilegales que favorecieron al abogado Santiago Graffigna, a su vez sometido a una causa penal, y si es removido del cargo se quedará hasta sin la posibilidad de jubilarse con el 82 por ciento móvil.

Si bien el escándalo con los juicios de expropiaciones se está ventilando en una causa penal, que tiene a Graffigna como principal implicado y a 11 sospechosos más en la mira, Macchi tiene fueros de juez y no puede ser sometido a ese proceso. Por eso, el fiscal de Estado, Guillermo de Sanctis, lo denunció en marzo ante el Jurado de Enjuiciamiento con la intención de que sea destituido y quede sin inmunidad para ser investigado penalmente.

La elevación del caso a juicio se confirmó en mayo, cuando el propio De Sanctis y el fiscal General subrogante, Eduardo Mallea, cada uno por su lado, acusaron al juez. El Jurado de Enjuiciamiento puede fijar fecha este mes o el que viene para empezar con el juicio oral y público que decidirá el futuro de Macchi. Finalmente, dijeron las fuentes, se inclinaron por comenzar con las audiencias en la primera quincena de agosto, aunque todavía no se sabe el día.

En el proceso se producirán pruebas orales (testigos) y escritas y cada parte, es decir la defensa de Macchi y los dos fiscales darán sus alegatos. Con todos esos elementos, los cinco miembros del Jurado de Enjuiciamiento (el cortista Humberto Medina Palá, los diputados Pablo García y Marcela Monti y los abogados Carlos Lima y Pablo Ramella) deberán fallar por simple mayoría por la destitución de Macchi o su continuidad.

En la acusación que formularon, De Sanctis y Mallea coincidieron en que el magistrado incurrió en mala conducta y que incumplió los deberes a su cargo. Y el segundo consideró también que cometió delitos.

La presunción es que el magistrado abandonó su obligación de ser imparcial y actuó decididamente en connivencia con Graffigna, señalado como el jefe de una asociación ilícita de letrados, empleados estatales y jueces que articularon maniobras ilícitas para inflar el valor de inmuebles expropiados y estafar a la provincia en nada menos que 42 millones de pesos. De Sanctis afirma en la denuncia y la acusación que Macchi no objetó y convalidó graves anomalías que ayudaron a que el Estado fuera condenado a pagarle a Graffigna y sus clientes cifras irrazonables y escandalosas por terrenos que valían mucho menos.

Las irregularidades que le achacan se cometieron en cinco juicios, pero la denuncia apunta fundamentalmente a cuatro. Son los casos conocidos con Ruiz Guillermo, Anes, Parque de Mayo y Canal Playa (ver aparte). En los dos primeros se expropiaron menos de 8 hectáreas y la provincia fue condenada a desembolsar una suma increíble que asciende a casi 33 millones de pesos. Los otros dos aún no se pagan y suman nada menos que unos 1.570 millones de pesos, incluyendo honorarios profesionales.

El abogado de Macchi, Guillermo Toranzo, asegura en defensa de su cliente que en un proceso civil el juez no puede invalidar lo que no es objetado por las partes. Pero en la Fiscalía de Estado advierten que se olvida de que un magistrado es el rector del proceso, el encargado de que todo el juicio se lleve dentro de un marco de legalidad y que la indemnización debe comprender “el valor objetivo y real del bien” y no una suma irrazonable.

Macchi y su abogado remarcan que todo lo que hizo fue ratificado en segunda instancia. Sin embargo, la Corte anuló uno de sus fallos más polémicos: Canal Playa (70 millones por menos de 2 hectáreas). En sus argumentos, dijo que la sentencia debía ser, justamente, de acuerdo al valor objetivo y real del bien.