Mediante una ley aprobada en la Cámara de Diputados de la provincia un 17 de junio del 2004, nacía la empresa Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), destinada a manejar toda la generación de energía de la provincia, incluido lo que iban a producir con posterioridad a aquel momento los diques Los Caracoles y Punta Negra, este último actualmente en construcción.
La sociedad estatal iba a empezar a jugar el papel de sustituta de Servicios Eléctricos Sanjuaninos (SES), que estaba en vías de extinción.
La finalidad prevista por el Gobierno provincial era darle a la nueva institución plena competencia en el estudio, exploración, proyecto, construcción, conservación, explotación, industrialización y administración de las obras y centrales generadoras de energía que pertenecen al Estado.
La creación de la empresa estuvo estipulada en la ley 7.312, sancionada en octubre de 2002. Allí los diputados le dieron 30 días al Ejecutivo para mandar los proyectos de creación de dos empresas del Estado. Una de ellas, para distribuir la energía en el Caucete, que luego tomó forma con la creación de DECSA. La otra, para controlar y administrar la generación y transmisión de energía de San Juan, fue la que creó la EPSE.
Además, en aquel modelo había otra necesidad, que era conceder el manejo de Ullum, que ya venía generando energía; Cuesta del Viento, que comenzó a generar pocos después, y los proyectos de energía eólica o solar que estaba previsto poner bajo la órbita del nuevo organismo.
De hecho, primero se inauguró una planta solar en Ullum y después, en abril del 2012, con la presencia de la presidenta Cristina Fernández, se dejó habilitada la planta solar de Cañada Honda, que ya aporta energía al sistema interconectado nacional.
En cuanto a los controles, el proyecto de ley aprobado por aquel entonces contempló que el Tribunal de Cuentas iba a estar a cargo de la fiscalización externa. La fiscalización interna, en cambio, quedó a cargo de un síndico y de dos auditores: uno técnico y otro administrativo contable. La EPSE quedó exceptuado del control de los delegados fiscales de la Contaduría General de la Provincia.
El proyecto del Ejecutivo fue aprobado con algunas modificaciones. Entre ellas, se dejó constancia escrita de que la Dirección de Recursos Energéticos iba a ser el organismo oficial encargado de establecer los lineamientos políticos en materia eléctrica, mientras que la EPSE se iba a encargar de ejecutarlos.