La causa penal que tiene como protagonistas al diputado Jorge Agapito Gil y al actual intendente de Ullum, Alfredo Ortiz, lleva más de una década en trámite, pero por ahora seguirá sin ir a juicio. A pesar de que la etapa de instrucción hace rato que terminó y que la causa está lista para que se fije la fecha de debate, surgió un nuevo argumento que demora el proceso.

Fuentes judiciales aseguraron que los funcionarios serán llevados al banquillo recién el año que viene, porque antes hay otros juicios urgentes que resolver, en los que están involucradas personas detenidas.

El expediente lleva cuatro años en la Sala III de la Cámara Penal y con la etapa de solicitud y producción de pruebas finalizada, expresaron las fuentes. El debate se realizaría durante el primer semestre de 2012 y además de Gil y Ortiz, cuatro funcionarios más deberán dar respuestas a la Justicia por haber pagado trabajos para el municipio que nunca se hicieron. Por esa presunta maniobra, los seis implicados están acusados de defraudación contra la Administración Pública.

Después del 10 de diciembre de este año, Agapito Gil cumple con su mandato de diputado provincial y Alfredo Ortiz termina su ciclo como intendente. En las últimas elecciones, los dos pelearon por esos puestos, pero de manera invertida. Finalmente, los lugares quedaron en manos del basualdismo. De esa forma, el legislador se quedará sin fueros y se sentará en el banquillo de los acusados como un ciudadano común.

El hecho tuvo su origen en 1998 y la acusación apunta a trabajos pagados por el municipio que no fueron realizados. Gil era el titular del Ejecutivo ullunero y Ortiz era el jefe de Patrimonio. En cuanto a los otros implicados, Pedro Bravo estaba a cargo de Compras, María Esther Reinoso era la tesorera y Mario Eduardo Serrano era el encargado del camping municipal. Todos están acusados de defraudación agravada contra la Administración Pública.

Las fuentes aseguraron que el sexto sospechoso, Hugo Albornoz, se encuentra prófugo. Por esa razón, la Sala separó su expediente para que el debate en su contra se haga cuando sea localizado, mientras el proceso contra los otros imputados sigue su curso.

El puntapié inicial lo dio el por entonces vicepresidente del Concejo Deliberante, Roberto Solera, quien acusó y denunció a los funcionarios por pagar arreglos y obras que nunca fueron ejecutadas. Las denuncias tenían como protagonistas a los empresarios Alberto César Molina y José Serer, propietarios de empresas de servicios que contrataban con la Municipalidad de Ullum para realizar trabajos de limpieza en la planta potabilizadora del departamento o en el camping municipal, entre otras tareas.

Pero se descubrió que, en el caso de Molina, las facturas eran de un talonario que se le había extraviado. Además aseguró que nunca había ejecutado las tareas que allí figuraban, pero que el municipio sí había pagado.