El titular del Juzgado Federal Nro 1, Miguel Gálvez, dijo ayer que no podía negar los permisos de traslados y de atención médica a los reclusos Jorge Olivera y Gustavo De Marchi porque están autorizados por la ley. Y responsabilizó por la fuga de los condenados del Hospital Militar Central al personal del Servicio Penitenciario Federal.
“La responsabilidad de la fuga es pura y exclusiva de la gente del Servicio Penitenciario Federal”, sostuvo el magistrado.
Gálvez fue el juez al que le tocó instrumentar el traslado de los militares retirados porque si bien era un tema de competencia del titular del Juzgado Federal Nro 2, Leopoldo Rago Gallo, éste estuvo de licencia durante la feria judicial de invierno y a él le tocó quedar a cargo de la Justicia Federal local.
Las expresiones tienen lugar luego de que el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, en declaraciones periodísticas a la agencia Telam, pusiera en duda el accionar del juez federal sanjuanino al manifestar que “los detenidos presentaban una patología que por sus características podrían haber sido asistidos en el lugar donde se encontraban detenidos, ya que no existía riesgo de vida”. Y calificó a la autorización expedida como “injustificada, de dudosa fundamentación y carente de racionalidad”.
Luego de ser condenados el 4 de julio pasado y como venía el receso por la feria judicial, Olivera y De Marchi, a través del defensor oficial, Horacio Garcete, solicitaron ser trasladados a la prisión de Marcos Paz invocando cuestiones de “integración familiar”, pues sus familias residen en Buenos Aires. Era la segunda vez que realizaban el planteo porque durante el receso del verano pasado ambos habían solicitado el beneficio, que les fue concedido sin inconvenientes.
La autorización la firmó primero Rago Gallo, pero le tocó instrumentarla a Gálvez, porque el traslado se produjo cuando el primero estaba de licencia. Y después, cuando ambos estaban en Buenos Aires, vino otro pedido para que se realizaran estudios médicos en el Hospital Militar Central, en razón de que los dos tienen la obra social de los militares, según explicaron fuentes judiciales.
Cabe señalar que ambos reclusos están bajo la jurisdicción simultánea del Tribunal Oral Federal (TOF), que los condenó a penas de reclusión perpetua a uno y a 25 años de cárcel el otro, y del Juzgado Federal de Rago Gallo, porque se los sigue investigando por otras causas de lesa humanidad.
Según las fuentes, primero Rago Gallo autorizó el traslado, “sin perjuicio” de lo que dispusiera el TOF. Y después Gálvez procedió de manera similar. Pero que la decisión del traslado y las medidas de seguridad respectivas eran responsabilidad del Servicio Penitenciario Federal. El organismo cuenta con un equipo móvil, con agentes y movilidades especiales, que se encarga del traslado de los reos desde Buenos Aires hacia el interior del país y viceversa.
Gálvez aclaró que “no soy el juez de la causa, pero me tocó intervenir porque Rago Gallo estaba en uso de licencia”.
“Yo no podía dejar de aplicar la ley, ni denegar los derechos de los detenidos. Lamento que se haya producido esta fuga pero la responsabilidad es del Servicio Penitenciario Federal”, agregó.
El magistrado sostuvo que desde este servicio no le comunicaron que hubiera deficiencia de personal o inconvenientes con las modalidades porque “no hubiera autorizado el traslado, pero nada de eso pasó”.
El ministro Alak dio a conocer que el director del Servicio Penitenciario presentó ayer una denuncia penal ante la Justicia Federal de la Capital Federal, para que se investigue en profundidad la fuga de los detenidos por crímenes de lesa humanidad De Marchi y Olivera, desde el Hospital Militar Central.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación dispuso ofrecer recompensas de 2 millones de pesos para quienes aporten datos que permitan lograr la captura de los represores.
Primero, el organismo nacional, como existe con otros prófugos de los casos que se investigan en San Juan, como Carlos Malatto, Eduardo Vic y Jorge Páez, había ofrecido la suma de 100.000 pesos, pero después la elevó sustancialmente, con la finalidad de acelerar la determinación del paradero de los prófugos.