El juez Benedicto Correa, titular del Quinto Juzgado de Instrucción, tiene 5 días hábiles para decidir si el abogado Santiago Graffigna, el principal acusado en el escándalo de las expropiaciones, sigue con prisión domiciliaria, como está hasta ahora, o le conceden la libertad. El plazo corre porque el fiscal de la causa, Carlos Rodríguez, de la Fiscalía de Instrucción Nro. 3, resolvió solicitar que continúe en la actual situación por un año más. Lo hizo amparándose en la gravedad de los delitos que se le atribuyen al imputado, a que en el caso de recaer condena no sería de ejecución condicional y debido a las demoras que tuvieron lugar en el proceso por los planteos de las defensas.
Graffigna está sospechado de ser el jefe de una red delictiva que maniobraba para inflar los valores de terrenos que la Provincia necesitaba expropiar. Y por eso le imputan haber cometido los delitos de autor principal de fraude en perjuicio a la administración pública, estafa, ser el jefe de una asociación ilícita y defraudación por ocultamiento o sustracción de pruebas, todo en perjuicio del Estado provincial.
Todo tiene origen en que el próximo domingo 1 de marzo, Graffigna cumplirá dos años detenido, ahora con el beneficio de estar en su casa. Y la Ley 24.390, referida a los plazos de la prisión preventiva, establece que esa situación no podrá ser superior a los 2 años, sin que se haya dictado sentencia, que se cumplirán en poco más de 3 semanas. No obstante, la norma consigna que el Ministerio Público Fiscal “podrá oponerse a la libertad del imputado”, teniendo en cuenta una serie de elementos, que son los que ha evaluado el fiscal Rodríguez para solicitar la prórroga de la detención.
Para fundar su planteo, el fiscal consideró “la gravedad de los delitos atribuidos al procesado” y a que en el caso de resultar condenado en un juicio, la pena no sería de ejecución condicional. En el caso del abogado, le atribuyen ser el jefe u organizador de una asociación ilícita, que tiene una condena de 5 a 10 de prisión. Y como el mínimo es superior a 3 años, sería de cumplimiento efectivo. También tuvo en cuenta “la complejidad de la investigación” de la causa y por las articulaciones de las defensas de los imputados. Entre ellas, planteos de nulidades, apelaciones “y por la gran cantidad de personas que resultaron imputadas en esta causa”.
Ahora la palabra la tiene el Correa, quien reemplaza en el cargo a a exjueza María Inés Rosselot, quien fue la que dispuso la prisión preventiva a Graffigna cuando estaba en el puesto. Según la Ley 24.390, el magistrado tiene 5 días para resolver la cuestión. Como en la Justicia se trata de días hábiles, y debido a que en los dos primeros días de la próxima semana no hay actividad por los feriados de Carnaval, el plazo se cumpliría en las primeras 2 horas hábiles del viernes. De todos modos, fuentes judiciales aclararon que, en materia penal, los plazos son ordenatorios y no perentorios, como ocurre en el fuero civil. Eso quiere decir que en la práctica el juez Correa se podría tomar algún tiempo más para decidir la situación de Graffigna.