La movida que iniciaron los ediles opositores en Angaco, comandados por el presidente del Concejo Deliberante José Risueño, para destituir al intendente José Castro quedará trunca. Si bien ayer los concejales, constituidos en la Comisión Acusadora, votaron por mayoría formularle cargos al jefe comunal por la presunta irregularidad en el uso del secadero municipal, la oposición necesita del apoyo de al menos un miembro oficialista para impulsar la salida del jefe comunal y tanto Mario Pacheco como Valeria Garay adelantaron que votarán en contra de la embestida. Ambos entienden que, hasta el momento, no hay evidencias concretas contra Castro y que la Justicia debe investigar el uso del secadero. Además, indicaron que Risueño no presentó pruebas que dice poseer y que sólo se remitió a una exposición verbal para acusar al jefe comunal y avanzar con la destitución.
Pacheco indicó ayer que "Risueño no presentó ningún documento que acredite un presunto delito. Hizo una presentación muy casera. Se trata de algo muy importante como para avanzar sin las pruebas". Además dijo que "hay que esperar a que la Justicia avance". En el mismo sentido se pronunció Garay, al manifestar que "no puedo votar algo que no es serio".
La puja entre el presidente del Concejo Deliberante y el titular del Ejecutivo comenzó a fines del año pasado cuando el primero denunció ante el cuerpo deliberativo el presunto uso desmedido de combustible por parte de las movilidades del Ejecutivo. El segundo lo trató de corrupto y que lo había denunciado por usurpación de cargo, dado que seguía cumpliendo funciones como tesorero de la comuna pese a ser concejal, además de remarcar que la utilización del combustible estaba justificada. Ahora, el enfrentamiento derivó en una denuncia por el uso del secadero municipal y el inicio del juicio político contra el intendente.
La presentación en la Justicia la hizo el propio Risueño, al sostener que el jefe comunal viene favoreciendo a la empresa Don Hilario, de la cual Castro es uno de los dueños, según la documentación que presentó, en el uso del predio que adquirió el municipio para ayudar a los productores. Si bien el secadero está abierto para todo aquel que lo quiera utilizar, el concejal indicó que la única firma beneficiada "es la del intendente". Según fuentes calificadas, el fiscal de instrucción Carlos Rodríguez le pedirá al juez Benito Ortiz que abra la investigación.
Tras ese hecho, Risueño y dos concejales radicales abrieron el proceso de destitución. El cuerpo deliberativo se conformó ayer en Comisión Acusadora para analizar las pruebas que existen contra Castro. Con una votación que finalizó tres a dos, la acusación se formalizó y el intendente tendrá diez días corridos para defenderse. Según la resolución, Castro deberá responder qué empresas usaron el secadero, cuál fue el convenio con Don Hilario y si hubo una retribución a cambio. Además, también deberá dar detalles sobre el presunto gasto de combustible que Risueño cuestionó el año pasado. En contra votaron Pacheco y Garay, quienes aseguraron que no hay pruebas suficientes para avanzar en la destitución. Si bien la decisión tuvo mayoría y el intendente deberá defenderse, una vez que se constituya la Sala Juzgadora, son necesarias las dos terceras partes de los miembros del Concejo para llegar a una remoción, esto es cuatro de los cinco concejales. Los oficialistas indicaron que mantendrán el rechazo, por lo que la oposición no contará con el número.