Son minoría los asalariados que siguieron de cerca -¿y tal vez entendieron?- la negociación de la CGT con Cristina Fernández de Kirchner por el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. Por una simple razón: son pocos los asalariados que orillan los 7.000 pesos y por lo tanto sufren la carga fiscal que a menudo supera los 1.000 pesos de retención compulsiva por el Estado. Pese a que no se trata de renta empresaria sino de salario, igual les cae el impuestazo. Ahora, un poco aliviados porque la línea de inicio de este tributo subió un 20 por ciento. Sólo les queda rogar que el próximo aumento de sueldo no los empuje nuevamente dentro del selecto grupo que paga. Cosa curiosa y de dominio de una minoría, esta del Impuesto a las Ganancias.
Más allá de la poco explicable lógica del impuesto empresario aplicado al salario, es decir, al trabajador, puede entenderse desde un criterio de solidaridad en momentos en que el Estado transitó días de recursos flojos. Al fin y al cabo, la medida fue diseñada por el entonces ministro de Economía de Fernando De la Rúa: José Luis Machinea. De ahí en adelante, ninguna otra gestión volvió las cosas atrás, salvando algún maquillaje menor.
Sin embargo, hay otro impuesto que cae sobre todos, sin criterio de solidaridad alguno. Que no respeta bolsillos flacos ni alimentos básicos para la nutrición de un niño. Es el IVA, equivalente al 21 por ciento de todo producto que se compre en el mostrador. Desde la pieza de pan hasta los 100 gramos de fiambre. Este tributo, curiosamente, no tiene quien lo discuta. Ni tiene mínimo no imponible.