La Corte de Justicia ordenó ayer un sumario contra tres funcionarios implicados en un escándalo: Juan Pablo Ortega, quien venía actuando en la asistencia jurídica del Colegio de Jueces; su esposa María Belén Rodríguez y su amiga Claudia Elizondo, las que cumplían tareas en la Unidad Conclusiva de Causas, informaron fuentes oficiales. La decisión apunta a determinar si incurrieron o no en irregularidades de tipo administrativas en el desempeño de sus trabajos, dado que, por la vía penal, los tres están bajo investigación por el presunto armado o impulso de causas para favorecer o incriminar a personas denunciadas. En esa instancia, fueron imputados con graves delitos, como asociación ilícita, tráfico de influencias, ejercicio ilegítimo de la profesión de abogado e incumplimientos de los deberes de funcionario público. Luego de que Fiscalía llevara adelante el lunes tal acusación y el máximo tribunal recibiera la comunicación formal de la situación, la Sala de Superintendencia, que encabeza el presidente Juan José Victoria, encaró la movida y notificó a los involucrados y al Área Legal y Técnica.
De acuerdo a la ley Orgánica de Tribunales, un sumario implica una investigación interna a magistrados y funcionarios en su actuación laboral que no constituyen delitos, pero que sí pueden ser faltas de tipo administrativas, las que son castigadas con apercibimiento y suspensión sin goce de haberes hasta 30 días. En el caso de los funcionarios, además, se los puede sancionar con la cesantía o la exoneración. Se trata de un procedimiento que lleva a cabo el Área Legal y Técnica de la Corte, a través de un instructor sumariante, en el que los implicados tienen la posibilidad de hacer sus descargos y ofrecer pruebas. Luego de la investigación, hay un dictamen a la Sala de Superintendencia que es la que toma la decisión final sobre si hay castigo o no.
Desde la Corte confirmaron que Ortega pidió licencia médica y que fue trasladado de la Segunda Circunscripción Judicial, con sede en Jáchal, al Archivo. El funcionario judicial se desempeñaba como uno de los coordinadores de la Asistencia Jurídica al Colegio de Jueces del Sistema Acusatorio, pero fue derivado a los juzgados jachalleros luego de que se viera involucrado en la causa contra su amigo, el funcionario judicial Mario Parisí, denunciado por su expareja de ocasionarle lesiones (ver aparte). A su vez, Rodríguez pasó a cumplir tareas en el Ministerio Público de la Defensa, dado que se encontraba en la Cámara Penal, tras su paso por la Unidad Conclusiva, dijeron las fuentes. Elizondo, que sí estaba en esa área, pasó a cumplir tareas en la Secretaría Civil del Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia.
Este medio había dado a conocer el escándalo, en el que el expediente que destapó la olla (dado que hay otros dos) es el de un hombre que fue denunciado por su expareja de abusar sexualmente de la hija de ambos, caso que está a un paso de cerrarse dado que el delito no existió. Pero, según la imputación del fiscal Francisco Micheltorena, bajo la coordinación de Adrián Riveros, habría habido maniobras previas de los implicados para tratar de perjudicarlo. Ortega fue el que le recomendó a la mujer a su amiga abogada Cozzi, a la que le habría redactado escritos judiciales para su presentación. Además, el funcionario judicial habría usado sus influencias con Rodríguez y Elizondo para impulsar la denuncia contra el hombre.
Influencia y arma
Uno de los expedientes que presentó Fiscalía como prueba se originó en 2020, en el que está implicado el marido de Elizondo, investigado por haber cometido un delito contra la propiedad en perjuicio de su mujer. Según el fiscal, los primeros en llegar a la casa cuando ocurrió el hecho de violencia fueron Ortega y Rodríguez, incluso, el primero detuvo al imputado con un arma. Luego, habría influido para que Cozzi presentara escritos, realizados por Ortega, con el fin de lograr la libertad del detenido.
Otra causa de abuso
Al analizar el celular de Cozzi, el fiscal detectó un mensaje de Whatsapp de Ortega que decía "Sandra, si podés ir a ver a la unidad conclusiva a Claudia Elizondo, pedile que pida al anivi el informe de la causa… (figura el apellido del hombre denunciado por abuso)", por lo que entiende que el funcionario judicial conocía en detalle el estado de un expediente e, incluso, daba órdenes para promoverlo. Así, por dicha influencia, al hombre le dictaron un sobreseimiento, lo que fue cambiado por la Cámara.
Encubrimiento
En la causa en la que está en la mira Mario Parisí por lesiones contra su expareja, Ortega recibió el beneficio de la excusa absolutoria, figura con la que se desvincula de responsabilidad penal a aquellos que estén amparados en una relación de amistad o vínculo familiar con el imputado. Así, el funcionario judicial quedó desligado del delito de encubrimiento, pero no porque fuese inocente. Según Fiscalía, había intentado influir para que la víctima cambie su testimonio y, así, favorecer a Parisí.