La imagen de Fernando Reinoso, fallecido en 2010 por una descarga eléctrica en un aula de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), apareció en la pantalla del Tribunal Oral Federal (TOF) y, al verla, sus familiares no pudieron contener las lágrimas. El fiscal federal Francisco Maldonado exhibió la foto y, al hacerlo, sostuvo que "lo sucedido (la muerte del alumno) fue producto de una serie de omisiones que generaron que, cada día de la semana, cientos de personas se expusieron a la misma fuente de peligro", situación que era "conocida por diversas autoridades, que tenían el deber de realizar acciones a efectos de dar seguridad de aquellos que asistían a ese edificio". Con esa base, y tras una larga exposición de sus fundamentos, el representante del Ministerio Público les solicitó a los jueces un duro castigo contra Oscar Nasisi, actual rector de la UNSJ, quien, al momento del hecho, se desempeñaba como decano de la unidad académica. Es que pidió que se le aplique una pena de tres años de prisión en suspenso (sin quedar detenido) y siete años de inhabilitación para ocupar cargos en ámbitos educativos por el delito de homicidio culposo. El mismo castigo solicitó para Alfredo Daroni, exsecretario Administrativo Financiero de la facultad, mientras que para Joaquín Roso, exsecretario de Obras de la UNSJ, pidió dos años y medio de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación. Contra Guillermo Coto, quien estuvo al frente del área de Obras pocos meses antes del trágico episodio, no formuló cargos porque entendió que no tuvo responsabilidades.
El juicio continuará el lunes con las defensas. Luego vendrá la sentencia del tribunal.
La acusación del fiscal es dura, ya que está más cerca del máximo de la pena que establece el Código Penal por el delito por el que las autoridades universitarias fueron investigadas. Además, los imputados no cuentan con antecedentes penales, lo que tiende a llevar hacia abajo una sanción penal. El homicidio culposo contempla penas de prisión "de uno a cinco años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez años el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo causare a otro la muerte". Maldonado solicitó tres y dos años y medio, respectivamente.
La postura del fiscal no fue la única, ya que la querella, representada en el debate por Diego Reinoso (hermano de Fernando) y por Leopoldo Fachinelli, fue más allá al solicitar que los cuatro imputados sean condenados a diez años de prisión (irían tras las rejas) por homicidio simple con dolo eventual, más la inhabilitación especial. Los querellantes entendieron que todos los imputados "tenían conocimiento de las falencias en las instalaciones eléctricas y, a pesar de ello, no hicieron nada" para evitar la tragedia. En el caso de que el TOF no tuviese en cuenta ese castigo, solicitaron que los imputados sean condenados con la máxima pena que establece el delito de homicidio culposo, es decir, cinco años de prisión e inhabilitación especial por diez años.
El fiscal explicó que el pedido de penas contra Nasisi y Daroni se debió a que quedó demostrado que el primero, en su rol de decano, y el segundo, como secretario Administrativo de Ingeniería, "tenían pleno conocimiento de las fallas edilicias de la facultad y, principalmente, del Departamento de Agrimensura". Además, indicó que "fueron quienes, como autoridades, estaban más al tanto de la situación y, al realizar todas las tareas de mantenimiento, reparación y puesta en habilitación del espacio donde se produjo el hecho, tenían la posibilidad de evitar ese resultado. Si hubieran realizado lo que no hicieron, la muerte de Reinoso, o de cualquier otra persona, no se habría producido". Sobre Roso dijo que "conocía el grave estado general que tenía toda la Universidad".
FRANCISCO MALDONADO – Fiscal de Cámara
Solicitó tres años de prisión en suspenso para Nasisi y Daroni, y dos años y medio para Roso por el delito de homicidio culposo (la pena máxima es de cinco años). Además, pidió que los dos primeros sean inhabilitados para ocupar cargos públicos en instituciones educativas por siete años y por cinco años para el tercero. No acusó a Coto.
DIEGO REINOSO – Querellante
Solicitó al tribunal que los cuatro imputados sean castigados bajo el delito de homicidio simple con dolo eventual, con una pena de diez años de prisión. De no ser contemplado ese castigo, que sean condenados con lo máximo que establece el delito de homicidio culposo: cinco años de prisión, más la inhabilitación para ocupar cargos públicos.