La embestida se veía venir. El fiscal federal Francisco Maldonado ya le había pedido al juez Leopoldo Rago Gallo que indagara al cortista Juan Carlos Caballero Vidal por su presunta participación en delitos de lesa humanidad cuando fue magistrado de primera instancia durante la dictadura. Al concluir las medidas de prueba, el representante del Ministerio Público reiteró el planteo, pero con un dato adicional y clave: que el integrante del máximo tribunal judicial local sea destituido, a través de un juicio político, para que pierda sus fueros y pueda dar explicaciones en los estrados judiciales. La solicitud es inédita, ya que es la primera que se hace en todo el país contra un ministro de la Corte por su supuesta vinculación con el terrorismo de Estado. Además, es la primera vez en la provincia que un planteo de ese estilo parte de un órgano judicial.
Ahora, Rago Gallo debe definir si le hace lugar y en el caso de que así lo haga, tendrá que pedir el desafuero o destitución a la Cámara de Diputados, donde se conforman las salas que llevan adelante el juicio político. Además, deberá enviar copias de las actuaciones y explicar las razones que justifiquen llevar adelante el proceso, siempre y cuando comparta el criterio de Maldonado.
En la historia provincial se han dado pedidos de juicio político contra la conformación de la Corte antes de 2016, pero no habían prosperado. Salvo las destituciones de dos ministros en 1986 impulsadas desde el Ejecutivo de entonces y particulares (ver recuadro). Al estar implicado en una causa penal, Caballero Vidal está imputado por el fiscal en dos hechos. El primero es por la causa Cevinelli, en la que el fiscal sostuvo que el entonces titular del Juzgado de la Sexta Denominación formó parte del plan represivo ejecutado por la última dictadura militar, ya que omitió llevar a cabo las investigaciones sobre los delitos que sufrió Héctor Cevinelli y que buscó amedrentar a su abogado defensor para que desistiera de sus averiguaciones. Así, consideró que el actual cortista fue clave para garantizar la impunidad de los autores de las violaciones de los derechos humanos que padeció la víctima. Pedro Bayugar declaró que fue el defensor de Cevinelli, quien fue secuestrado, torturado y sufrió robos en su hogar. El abogado dijo que luego de presentarle un hábeas corpus a Caballero Vidal y de que apareciera el damnificado, se reunió con él para ver cómo recuperaban una moto sustraída. En ese encuentro dijo que el magistrado le reconoció que sabía que Cevinelli iba a aparecer y que sacó una pistola, la puso en el escritorio y le manifestó que se olvidara de todo lo sucedido. Por ese hecho, la imputación es por partícipe necesario de los delitos de tormentos agravados, privación ilegítima de la libertad y robo agravado, además de señalarlo como integrante de una asociación ilícita y de no promover la investigación penal.
La otra causa es por no impulsar la pesquisa al tomar conocimiento de la muerte de Ángel José Alberto Carvajal, torturado hasta la muerte. Según el testimonio del abogado Carlos Bula, Caballero Vidal había ordenado la autopsia por pedido del entonces jefe del RIM 22, pero que no instruyó nada. Según el descargo que realizó a través de su defensa, dijo que en esta última causa no tenía competencia para investigar, ya que estaba en manos de la Justicia Militar. Y en el caso Cevinelli, negó las declaraciones de Bayugar y criticó que hiciera la denuncia 29 años después.
Destituciones
Tras una denuncia del fiscal de Estado y de dos abogados, el Jury de Enjuiciamiento destituyó en 1986 a los cortistas Carlos Graffigna Latino y Eduardo Aguiar Aranciva y al procurador General Ventura Mario Manrique. En ese entonces y de acuerdo a la normativa, el procedimiento que se llevaba a cabo para desplazar a los más altos funcionarios judiciales era a través del Jury y no del juicio político como es ahora.
Todo se gestó luego de que el Partido Bloquista, que era Gobierno y tenía una abrumadora mayoría en la Legislatura, desplazara de sus bancas a las diputadas Mónica Sueldo de Pósleman y Sari Luz Díaz Lecam por indisciplina partidaria. Las mujeres acudieron con una presentación al máximo tribunal y tanto el procurador como los cortistas consideraron que el tema era judiciable. El bloquismo impulsó el proceso contra los funcionarios judiciales y así fueron destituidos Graffigna Latino, Aguiar Aranciva y Manrique, mientras que Baistrocchi logró zafar.