Como consecuencia del escándalo de las expropiaciones, la Cámara de Diputados de la provincia aprobó ayer una ley que modifica el procedimiento del Jury de Enjuiciamiento y permite que el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, pueda intervenir bajo la figura de un acusador especial en los casos en que de la investigación surja que se pueda ver afectado el patrimonio del Estado provincial.
El Jury es el mecanismo para proceder a la destitución de jueces, defensores, miembros del Tribunal de Cuentas, el contador y el tesorero de la provincia. Y hasta ahora el único que podía acusar era el fiscal General de la Corte, pero ahora se sumará el fiscal de Estado.
El propio presidente de la bancada del Frente para la Victoria, Pablo García Nieto, reconoció que el “detonante” del proyecto fue el “escándalo de las expropiaciones y las ansias de la sociedad de que se haga justicia”.
El legislador hacía referencia a la investigación que apunta a esclarecer la sospecha del Gobierno provincial de que jueces, abogados, funcionarios y empleados se habrían puesto de acuerdo para elevar los precios de los terrenos que se expropiaban con el objetivo de que el Estado terminara pagando cifras millonarias.
La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, fue aprobada por mayoría, pero con el rechazo de Producción y Trabajo, del PRO, Actuar y del bloquista Edgardo Sancassani. Durante la sesión, José Peluc, presidente del bloque basualdista, pidió que el tema volviera a comisión para analizar con más tiempo el proyecto ante el temor de que la modificación fuera “inconstitucional”. Pero al final el bloque oficialista se impuso y logró la sanción sin cambios.
Como lo reconoció
En esa investigación, que está en manos de la Justicia, ya fue denunciada la jueza del Primero Civil, Rosalba Marún, e incluso el Jury ya le aceptó el pedido de destitución. Pero a partir del 1 de enero se jubilará, por lo que el proceso quedaría sin efecto. Sin embargo, no podrá eludir la investigación penal. Según fuentes calificadas, el que seguirá con un planteo similar es el juez Carlos Macchi, del Quinto Civil (ver aparte). Y otro magistrado que está en la mira es Roberto Pagés, quien estuvo a cargo del Cuarto Civil.
Durante la sesión, al diputado Víctor Muñoz Carpino le tocó fundamentar la iniciativa oficial y empezó explicando que “acá no hay nada que ocultar ni que temer”. Y aclaró que se trataba de darle una nueva facultad, la de poder acusar, a quien ya está encargado de defender el patrimonio provincial.
Peluc había pedido más tiempo para estudiar el proyecto por temor a que fuera “inconstitucional”.
Otro legislador opositor, el basualdista Leopoldo Soler, criticó que “se avasallan principios republicanos”.
A lo que García Nieto replicó que “acá no hay avasallamiento de ningún poder republicano” y mencionó que sólo en la causa del Parque de Mayo se podría causar un perjuicio al patrimonio del Estado del orden de los 1.500 millones de pesos.
En la votación, que fue nominal, a pedido del oficialismo, 8 legisladores se opusieron, pero el peso del PJ logró que la iniciativa saliera sin cambios.
La modificación incluye la incorporación del acusador especial, que será el fiscal de Estado en persona, es decir Guillermo De Sanctis, y estará facultado para acusar en el procedimiento de destitución de jueces y otros funcionarios públicos, aún cuando el fiscal General de la Corte, o quien lo reemplace, no lo haga. Si ambos encuentran méritos para denunciar, podrán actuar conjuntamente unificando su escrito de acusación.
Además de la modificación a la ley del Jury, en la sesión también quedaron aprobados el presupuesto para el 2013 e incorporaciones en la Justicia (ver aparte).