Ante la próxima gestión de Marcelo Orrego, líder local de Juntos por el Cambio (JxC), el fiscal de Estado, Jorge Alvo, aseguró que "no voy a presentar la renuncia porque considero que el cargo no tiene nada que ver con la política partidaria, sino que se ciñe a los intereses de la provincia y he cumplido las funciones de manera irrestricta y a rajatabla". En ese marco, destacó que "el nuevo gobernador va a encontrar en mí un incondicional aliado en la defensa de los intereses de la provincia", además de resaltar que su decisión de no irse es "inamovible".
Las definiciones de Alvo se dieron luego de que este medio analizara la situación de los cargos y los lugares que debe cubrir Orrego, por ejemplo, con acuerdos legislativos con el PJ. El caso del fiscal de Estado es particular, dado que el artículo 264 de la Constitución establece que "es inamovible mientras dure su buena conducta, estando sujeto al juicio político". Es decir, si el gobernador electo quería impulsar a una persona de su confianza, que debe pasar por un concurso, quedar en la terna del Consejo de la Magistratura y conseguir la designación de la Cámara de Diputados, debía esperar dos escenarios: uno, que el actual funcionario renunciase. Si eso no sucediese, disparar el mecanismo de juicio político, un procedimiento que requiere de causales de destitución, que, en este caso, no las hay, además de mayorías en distintas instancias legislativas, que Orrego no cuenta. O sea, un tablero que conlleva a un desgaste político de un Gobierno que asumirá el 10 de diciembre que, encima, en la Legislatura necesitará de acuerdos con el PJ para sacar leyes.
La otra opción es continuar con Alvo, quien ha venido cumpliendo un intachable papel en la defensa de la provincia. De hecho, el funcionario confirmó que no renunciará en el cargo que tiene la misión de representar a la provincia en los juicios y defender el patrimonio del Estado. Llegó al puesto el 22 de mayo de 2017, luego de que la Cámara de Diputados aprobara su designación por unanimidad, entre los que se encontraban legisladores de JxC. Previo a ello, estuvo en la terna que elaboró el Consejo. Ante la consulta si su nombramiento durante la gestión uñaquista puede generar algún tipo de suspicacia, el fiscal de Estado señaló que "lo único que le debe interesar al nuevo gobernador es que la provincia se encuentre bien defendida" y "considero que mi gestión está a la altura de las circunstancias". Además, agregó que la "inamovilidad es una garantía funcional para el fiscal de Estado para que se pueda desempeñar normalmente en defensa de la provincia, más allá de cualquier otra cuestión que sea ajena a esa defensa".
Frente a la pregunta de si Orrego le pidiese que dé un paso al costado, Alvo indicó que "mi decisión es absolutamente inamovible". Además, el funcionario explicó que, entre los fundamentos para seguir, "hay muchas cosas que se están haciendo y que quiero continuarlas, en función de elevar institucionalmente a la Fiscalía de Estado y darle más prestigio". En ese marco, señaló que "se están dictando resoluciones para controlar al fiscal de Estado". Así, explicó que, si un abogado del organismo saca un dictamen para avanzar con un recurso en un juicio y que cuenta con el aval del director del área, el fiscal de Estado "no puede decir que se desista" de avanzar con el planteo. "Son resoluciones que nutren de más control", remarcó.
> Diputados para dos organismos
A fin de año, la nueva conformación de la Cámara de Diputados deberá definir sus integrantes en el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. El peronismo cuenta con los números para imponer los legisladores, salvo que llegue a un acuerdo, fruto de negociaciones, para que el orreguismo tenga esos lugares. El primero de los organismos, que elabora las ternas de jueces, fiscales, defensores y el propio fiscal de Estado, tiene una variada integración. En primer lugar, hay dos abogados, Raúl Acosta y María Valeria Torres, que fueron elegidos en 2022 en una lista impulsada por el PJ, cuyos mandatos duran cuatro años. También se encuentra un miembro de la Corte de Justicia (sus cinco integrantes fueron designados en la gestión uñaquista) y un ministro del Ejecutivo, que definirá Orrego. El último es un legislador provincial. La tradición venía marcando que era de la oposición, pero, en el final de la gestión giojista y en la de Uñac, terminó siendo del oficialismo.
Por el lado del Jurado de Enjuiciamiento, el órgano que recepta las denuncias contra magistrados y decide si avanza o no con una destitución, está compuesto por un cortista, dos abogados (que saldrán de una elección en noviembre en el Foro que nuclea a los profesionales) y dos diputados.
Integración
La futura Cámara de Diputados está compuesta por 19 diputados de la lista de Sergio Uñac, cuatro de la de José Luis Gioja, 12 de la de Marcelo Orrego y uno del frente Desarrollo y Libertad, alineado con el sector libertario de Javier Milei. El presidente será Fabián Martín.
Otros cargos
En la Legislatura se definirán los dos lugares para el Tribunal de Cuentas y el Instituto de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM), que les corresponden a las minorías. Por los números, le corresponderían a Producción y Trabajo y, en principio, al bloquismo.