El fiscal de Estado de la provincia, Jorge Alvo, confirmó que acusará formalmente al juez de Jáchal, Javier Alonso, ante el Jurado de Enjuiciamiento. La decisión es clave, ya que es uno de los requisitos que establece la ley para avanzar con un juicio de destitución. La definición del funcionario se dio ayer, luego de que el Jury resolviera admitir formalmente la denuncia que la Corte de Justicia hizo contra el magistrado de la Segunda Circunscripción Judicial. En esa línea, Alonso se sentará en el banquillo de los acusados y deberá responder por morosidad injustificada, negligencia, falta de los deberes a su cargo y mala conducta. El máximo tribunal lo puso en la mira luego de que una auditoría revelara que, en un plazo de seis meses, no avanzó en poco más de 500 expedientes, entre los que estaban incluidas personas detenidas y causas de violencia de género e intrafamiliar.
La acusación del fiscal de Estado es central, debido a que conduce a que se lleve adelante un juicio de destitución. El Jurado de Enjuiciamiento decidió ayer admitir la denuncia de la Corte (Ver Decisión…) y, además de enviarle las actuaciones a Alvo, le correrá vista al fiscal General Eduardo Quattropani para que este, quien es el acusador natural en el Jury, analice si hay elementos suficientes para juzgar a Alonso. Si este no encuentra fundamentos, el juicio podrá iniciarse con la acusación de Alvo, ya que este tendrá en manos el "ejercicio de la acción pública". Según la ley, tras ser notificados, ambos acusadores tienen hasta 15 días para dar sus respuestas. Incluso, la pueden formular en conjunto y actuar de la misma manera en el juicio. Cumplido ese paso, el juez de Jáchal tendrá el mismo plazo para efectuar su defensa, por escrito, y acompañar la prueba que crea conveniente. Luego, el Jurado de Enjuiciamiento deberá definir la fecha del debate, la que, según la ley, deberá ser "dentro de los 60 días" a partir desde que se define qué prueba será utilizada en el juicio.
Al ser consultado sobre su postura, Alvo indicó que "voy a acusar en la misma línea que solicité intervenir como acusador especial". Esto es, el fiscal entiende que Alonso, con su actitud, pudo haber ocasionado un perjuicio patrimonial estatal, ya que, según la denuncia, en las causas con detenidos, incurrió en una "falta de prestación del servicio de administración de justicia, dado que estuvo de tres a seis meses sin resolver, lo que constituye una situación ilegal", había indicado en su momento. Además, había explicado que "las causas con detenidos tienen prioridad en su tramitación y deben resolverse sin dilaciones injustificadas. Esa falta, constituye un factor de atribución de responsabilidad del Estado directa y objetiva, que puede llegar a causar un perjuicio patrimonial". En el mismo sentido, apuntó contra el juez de Jáchal por las causas de violencia de género e intrafamiliares, debido a que había manifestado que "esos expedientes no tuvieron ningún tipo de resolución. La ley de violencia familiar y los tratados internacionales indican que el juez debe abocarse de manera inmediata para darle protección a la víctima, contención psicológica y física. Hay todo un andamiaje de medidas que se deben tomar para proteger a la víctima", cosa que, al parecer, Alonso no hizo.
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Decisión unánime
"Por unanimidad se decidió admitir formalmente la denuncia", dijo el presidente del Jurado de Enjuiciamiento, Guillermo de Sanctis, luego de que el cuerpo debatiera, por el lapso de una hora, los pasos a seguir. El titular del Jury indicó que, además de la admisión, se consideró una posible suspensión del magistrado, basado en la facultad que la ley le otorga al Jury. "Se consideró, pero no se decidió en esta oportunidad, a la resulta de futuras actuaciones. Esto no quiere decir que no vaya a ocurrir más adelante", dijo De Sanctis. Además del cortista, quienes integran el Jurado son los diputados Juan Carlos Abarca y Fernanda Paredes, y los abogados Mario Arancibia y Cristina Pintor.