Si un menor o mayor de edad no regresa a su hogar durante horas y se desconoce dónde se encuentra, sus familiares exponen la situación en la Policía y la causa se caratula como "averiguación de paradero". Los uniformados realizan la búsqueda y las personas, en su gran mayoría, son halladas, al punto de que muchas de ellas estaban en lugares con conocidos, de acuerdo a las estadísticas y según informaron desde la fuerza de seguridad. Ahora, si el caso tiene un trasfondo complejo, hay un gran bache judicial, dado que hay antecedentes de que el trámite ha solido pasar por un juzgado de menores o uno correccional. En el primero de esos fueros, no cuentan con la experiencia ni estructura para la investigación delictiva, mientras que, en el segundo, ya de tipo penal, el juez no puede dar una orden de allanamiento porque no hay delito, lo que representa la pérdida de valioso tiempo. Por eso, desde la gestión uñaquista y el Ministerio Público Fiscal pondrán en práctica un protocolo de actuación, en el que los fiscales tomarán el extravío de cualquier persona como un presunto delito, como la privación ilegítima de la libertad. El objetivo es, justamente, trabajar rápidamente para ubicar a la persona damnificada y evitar un hecho más grave.
El secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, confirmó que están terminando de pulir el protocolo que han trabajado en conjunto con el fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, y su equipo, el cual llevará el nombre de "San Juan te busca". El funcionario uñaquista estimó que en dos semanas estará operativo, señaló que su implementación apunta a una tarea preventiva e indicó que el escollo radicaba en la calificación de averiguación de paradero, lo que generaba incertidumbre en quién era el juez competente. "Ahora, ese problema no se va a dar porque va a actuar el Ministerio Público Fiscal", resaltó Munisaga. Por su parte, Quattropani explicó que el extravío de persona "se presumirá delito, como mínimo, privación ilegítima de la libertad". Además, destacó que las causas las llevará la Unidad de Investigación (UFI) Delitos Especiales. El cambio puede instrumentarse debido al funcionamiento del sistema acusatorio, en el que los fiscales son los que investigan, bajo las directivas impartidas por el titular del Ministerio Público, quien fija la política de persecución criminal.
El tema cobra vigencia debido a la desaparición en San Luis de Guadalupe Lucero, la niña de cinco años de la que no se tiene noticias desde el 14 de junio. En San Juan es recordado el antecedente de Ariel Tapia, el chico de 12 años que desapareció en diciembre de 2012 y, cinco días después, fue hallado muerto dentro de una heladera en desuso que estaba un baldío. El caso había sido minimizado en un primer momento hasta por el entonces ministro de Gobierno, Adrián Cuevas (hoy juez de Paz), quien había dicho que se trataba de "cosas de chicos". Según recuerdan en Tribunales, tras la exposición en la Policía, la tramitación de la búsqueda pasó por la Secretaría Civil de un Juzgado de Menores, por un Juzgado Correccional y, finalmente, por uno de Instrucción, aunque nunca se supo quién fue el autor del homicidio. No es el único, ya que también son recordadas las desapariciones del niño Matías "Yiyo" Villafañe, del caucetero Adolfo "Gogo" Ruiz y el ingeniero Raúl Tellechea.
El protocolo establece que la denuncia puede ser realizada en las oficinas de Fiscalía o en la Policía, aunque, si se hace en esta última instancia, se debe notificar inmediatamente al Ministerio Público. También contempla todo un mecanismo de recolección de información sobre la víctima. Tanto Munisaga como Quattropani indicaron que está previsto que se establezcan colaboraciones con asociaciones civiles que puedan brindar información sobre la persona extraviada, siempre que haya sido vista, al igual que el aporte de todas las dependencias públicas.