Eduardo Santiago Caeiro, un abogado de origen cordobés que hasta enero estuvo cumpliendo la tarea de defensor oficial ante el Juzgado Federal de San Juan, renunció al puesto en enero para regresar a su provincia natal y ocupar una función similar. Así las cosas, volvió a quedar vacante el área que, interinamente, ha quedado en manos de los abogados Diego Giócoli y Mónica Rodríguez Arturo.

Se trata de un cargo clave en la Justicia Federal de la provincia porque es el responsable de asegurar la efectiva asistencia y defensa judicial de los derechos de las personas sospechadas de haber cometido un delito. Sucede que a veces, por decisión propia o por falta de recursos económicos, un acusado de haber cometido un ilícito federal, como puede ser por drogas o trata de personas, no puede designar a un abogado para que lo represente. En esos casos actúa el defensor oficial para darle ayuda profesional.

Desde la capital de la provincia mediterránea, donde actualmente está cumpliendo también la tarea de defensor oficial luego de haber ganado un concurso, Caeiro confirmó que había renunciado al puesto que estuvo cumpliendo hasta el 31 de enero pasado. “Integré un grupo de trabajo muy bueno, pero como también mi esposa y toda mi familia son de Córdoba, decidí regresar a mi provincia”, sostuvo.

Ahora, el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación deberá llamar nuevamente a concurso para cubrir el puesto, una tarea que seguramente demandará varios meses.

El cargo había estado vacante desde 2009, cuando se jubiló Raúl Plana Más. Y fue subrogado después por Horacio Garcete, designado por la Defensoría General de la Nación. Luego del correspondiente concurso, en febrero del año pasado había asumido Caeiro. Es un abogado de 41 años especialista en Derecho Penal, que había cursado sus estudios en la Universidad Austral. Entre otros puestos, fue jefe de Despacho en la Secretaría Penal de la Cámara Federal de Córdoba. También, en octubre de 2009 actuó como juez federal subrogante en el Juzgado Federal de Bell Ville.

Una vez comunicada la vacante al Consejo de la Magistratura de la Nación, el organismo nacional deberá llamar a una etapa de inscripción de los interesados, que pueden ser de cualquier provincia del país. No es requisito indispensable desempeñarse profesionalmente en San Juan para acceder a la tarea. Una vez confeccionado un listado con los inscriptos, se los convoca a cumplir 3 pasos. El primero es rendir un examen escrito y oral sobre conocimiento generales en materia de derecho; una evaluación de los antecedentes profesionales y por último entrevistas personales. Allí se les pregunta, por ejemplo, por qué quieren acceder al puesto y otros datos generales que hacen a la función de defensor. Luego, el Consejo elabora un dictamen con los resultados y el orden de mérito. El organismo elige finalmente a tres postulantes y la terna es enviada al Poder Ejecutivo Nacional, que opta por uno y lo envía al Senado Nacional, para que dé su aprobación final con dos tercios de los presentes. Recién entonces el ganador de este proceso queda en condiciones de prestar el juramento de estilo para pasar a cumplir la tarea de defensor oficial.