Desde diciembre de 2019, la Defensoría del Pueblo está en manos del uñaquista Pablo García Nieto, quien el 14 de mayo fue electo diputado departamental por Rawson, por lo que, una vez que asuma, el puesto quedará vacante. Se trata de un cargo cuyo primer representante, el bloquista Julio Orihuela, también llegó de la mano del oficialismo de turno. A partir del 10 de diciembre, se dará el escenario inédito de que el Gobierno de Marcelo Orrego estará en minoría en la Cámara de Diputados, de donde surge la designación del funcionario por simple mayoría, por lo que deberá acordar con el PJ y el resto de las fuerzas políticas si quiere poner una persona de sus filas. Es un equilibrio permanente que deberá mantener la gestión de Juntos por el Cambio (JxC), ya que, en este caso particular, la propuesta del defensor del Pueblo nace de los legisladores, por lo que, si el peronismo quisiese, podría impulsar e imponer su candidato.
La creación del puesto de defensor de Pueblo fue ordenada por la Constitución de 1986, el cual se puso en marcha al año siguiente y fue designado Orihuela como su titular, quien, en ese entonces, era diputado por el bloquismo, bajo un gobierno del mismo palo político. Tras su fallecimiento el 10 de diciembre de 2018, en la gestión uñaquista impulsaron cambios a la normativa que regulaba el cargo, al punto que en noviembre del año siguiente le quitaron el carácter vitalicio y establecieron un mandato de cinco años de duración con la posibilidad de una reelección, entre otros retoques (ver Cambios y…). El 12 de diciembre de 2019, el oficialismo propuso a García Nieto, quien dos días antes dejaba su cargo como legislador provincial. Desde entonces, desempeñó la tarea que, de acuerdo a la carta magna, tiene la defensa de derechos constitucionales y "aquellos otros, cuyo ejercicio, por tratarse de intereses difusos o derechos colectivos, no pueden ser promovidos por persona o grupo de personas en forma individual". Entre sus actuaciones estuvieron recursos judiciales ante los aumentos desmedidos en concesionarias y planteos por reclamos en el servicio de electricidad y quejas de inquilinos y sus alquileres, entre otros.
García Nieto fue electo diputado por Rawson el 14 de mayo, por lo que, una vez en dicho cargo, la cúpula de la Defensoría quedará libre. La ley 344-E establece que la renuncia debe ser aprobada por la Cámara por simple mayoría y, una vez generada la vacante, se debe proceder a su reemplazo "en un plazo no mayor a 30 días". Hasta tanto, su lugar es ocupado por uno de los dos defensores Adjuntos (Rodolfo Clavel o Ricardo Berenguer), el que haya sido designado primero o, en caso que hayan sido nombrados el mismo día, el de mayor edad. Según fuentes oficiales, el primero lo reemplazaría temporalmente.
Su reemplazante saldrá de la designación en la Legislatura. El 14 de mayo, Orrego metió 12 diputados, mientras que el uñaquismo ubicó a 19, el giojismo a cuatro y el sector libertario a uno. En ese escenario de minoría, si el próximo Gobernador y el vice electo Fabián Martín, presidente de la Cámara, necesitarán de acuerdos con el resto de las bancadas para colocar a una persona de su equipo, al igual que en los puestos para legisladores en el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento (ver aparte). En el PJ vienen hablando de garantizar la gobernabilidad y se verá el tema de los lugares con aval legislativo.
- Otros puestos con aval legislativo
Magistratura
En diciembre, deberá elegirse el diputado que integrará el Consejo de la Magistratura, el órgano que elabora las ternas de jueces, fi scales y defensores.
Jury de Enjuiciamiento
A fi n de año, la Cámara de Diputados también elegirá a sus dos representantes en el Jurado de Enjuiciamiento, el órgano que encara los procesos de destitución de magistrados.
Tribunal de Cuentas
El Tribunal tiene dos vocales transitorios para la primera y segunda minoría parlamentaria. En principio, serían para JxC y el bloquismo, al igual que los puestos en el IPEEM.
> Cambios y detalles
En la antigua ley, el defensor del Pueblo podía ser removido a través de un juicio político, lo que implicaba la extensa actuación de la Sala Acusadora y Juzgadora de la Cámara de Diputados. Con la modificación, el funcionario puede ser desplazado por "el voto de los dos tercios de los miembros presentes (de la Legislatura), previa información sumaria y audiencia con el funcionario o su representante legal para que ejerza el derecho de defensa", en caso de "incapacidad sobreviniente que imposibilite el ejercicio del cargo" y "por notoria negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo".
Por otro lado, el salario del defensor del Pueblo está equiparado al de un ministro del Poder Ejecutivo provincial. Para llegar al cargo, se requiere ser abogado con cinco años de antigüedad en el título, como mínimo, y tener 30 o más años de edad. El funcionario no recibe instrucciones ni mandato de ninguna autoridad.