Fue uno de los crímenes políticos más violentos de la historia provincial y ahora podría volver a ser investigado por la Justicia Federal. Es porque el Ministerio Público Fiscal pidió que se considere el asesinato del diputado nacional Pablo Rojas, ocurrido en la madrugada del 3 de noviembre de 1975, como delito de lesa humanidad y por lo tanto todavía no prescripto, a pesar del paso del tiempo. La sospecha es que en el brutal homicidio participaron integrantes de la violenta agrupación de extrema derecha conocida como Concertación Nacional Universitaria (CNU), algunos de cuyos integrantes están siendo juzgados actualmente en Mar del Plata por otros delitos.
Si prospera el planteo, que está en manos de Leopoldo Rago Gallo, titular del Juzgado Federal Nro. 2, el fiscal Federal Francisco Maldonado, que es el autor de la presentación, solicitó que se indague a Mario Ernesto Durquet y a Fernando Federico Delgado, presuntos integrantes de la CNU, que funcionó como apéndice de la Triple A en Mar del Plata durante los años de plomo (ver aparte).
El origen de la presentación es un planteo del hijo de Rojas, el abogado Mario Alberto Rojas Parrado, hermano del exgobernador Juan Carlos Rojas, quien pidió que se recalificara la conducta atribuida a los autores y cómplices del asesinato y haya una nueva investigación, debido a que varios presuntos partícipes de la brutal muerte lograron hasta ahora eludir un castigo. El origen de la solicitud se basa en que en el asesinato habrían participado miembros de la CNU, a quienes les habrían encargado el “trabajo”.
Rojas era un político y gremialista, vinculado al sector vitivinícola quien, en el momento de ser asesinado, era diputado nacional en representación del Frente Justicialista de Liberación Nacional (Frejuli). Desde su banca en el Congreso Nacional promovía la promulgación de una ley que establecía el envasado de vinos en origen, una iniciativa que resultaba perjudicial a los intereses de la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas (FOEVA), cuyo secretario general adjunto era Delfor Ocampo. En el sector sindical interpretaban que, de sancionarse la ley, iban a perder afiliados y por ende poder en las grandes capitales, sobre todo en Buenos Aires, donde había plantas fraccionadoras que envasaban el vino que salía a granel de San Juan.
El 26 de febrero de 1982, poco antes de que se cumplieran 7 años del crimen, el juez Federal Mario Gerarduzzi, en un juicio escrito, condenó a Fernando Alberto Otero como autor material del homicidio, y a Delfor Ocampo, secretario adjunto de FOEVA, como ideólogo y encargado de pagar para que mataran al dirigente sanjuanino. Aquel día también fue condenado Juan Ramón Baigorria a 2 años de prisión en suspenso por haber usado dinero del gremio para la maniobra. Y, aunque se cree que hubo más involucrados, nunca fueron juzgados porque no los encontraron. Es lo que ahora se intenta revertir.
Según Maldonado está acreditado “que quienes asesinaron a Rojas formaban parte activa de una organización de extrema derecha que en aquella época cometió numerosos crímenes, que fueron catalogados como de delitos de lesa humanidad”. Además menciona que el móvil principal del delito obedecía a “problemas gremiales”.
En el caso de Durquet está siendo sometido a juicio en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de Mar del Plata, acusado por los delitos de homicidio agravado y privación ilegítima de la libertad agravada cometidos entre 1974 y 1976. Y Delgado, que también integró la CNU, está prófugo de la Justicia y con un ofrecimiento de recompensa de 500.000 pesos para quienes aporten datos para su detención.