En 2012, el Ministerio de Hacienda puso en funcionamiento, dentro de la Secretaría de la Gestión Pública, la Unidad de Gestión Jubilatoria (UGJ), un área que se encarga del seguimiento del personal de la administración pública y que le informa que debe jubilarse inmediatamente si cumplió con los requisitos de edad y los años de aporte, tal cual lo establecen leyes nacionales y provinciales. De esa forma, se constató que en ese año se retiraron 849 estatales, un 57% más con respecto a 2011. Antes no existía un control tan estricto, por lo que algunos trabajadores seguían desempeñando sus funciones, aunque tenían que ser dados de baja.
La obligación para que los estatales se jubilen con 30 años de aporte y al cumplir los 65 años en el caso de los hombres y 60 en el de las mujeres quedó plasmada en la ley 7.314 de 2002. Frente a la crisis económica que enfrentó el país y la provincia, el objetivo era reducir gastos al intimar al personal a que se jubilara si estaba en condiciones de hacerlo. La responsabilidad de que esto se cumpliera recaía en el jefe de cada área que debía comunicarle al trabajador que ya reunía los requisitos para irse. Sin embargo, el control no era tan riguroso.
Por eso, la ley de Modernización de Empleo (la misma que contempló el traspaso de los empleados contratados a planta permanente) impulsó la creación de la UGJ. El organismo cuenta con una base de datos que le proporciona la Dirección Provincial de Informática sobre el año de nacimiento de todos los empleados y la fecha en la que ingresaron. Así pueden efectuar el seguimiento sobre las edades de los trabajadores y sus años de aporte. Al constatar que reúnen las condiciones para jubilarse, la unidad le informa de esa situación al jefe de área para que traslade la noticia.