Al mismo tiempo, fuentes muy cercanas al gobernador José Luis Gioja aseguraron que con la denuncia apuntan también a saber si hay jueces involucrados en maniobras jurídicas para hacer que el Estado ponga plata de más.
Ayer, Gioja no quiso hablar mucho del tema. Cuando este diario le preguntó por los juicios de expropiaciones, dijo con seño fruncido que "póngase en mi lugar y va a ver cómo se va a sentir, la verdad que preocupa y mucho, estamos trabajando para que se pueda saber la verdad".
El gobernador reaccionó con bronca la semana pasada, cuando le informaron que la provincia tenía a pagar en los próximos días 20 millones de pesos por juicios de expropiaciones. Opina que es una cifra disparatada en relación a la extensión y ubicación de los terrenos. Y fue ahí que instruyó al secretario General de la Gobernación, Walter Lima, a que presente una denuncia para que se investigue si en algunos procesos de expropiaciones donde la provincia fue condenada a pagar sumas desmedidas se cometió delito.
Los juicios que está en la mira son los que ya fueron investigados en un sumario administrativo que comprobó que el abogado que actuó en nombre del Estado, Norberto Baistrocchi, lo hizo con negligencia. La denuncia no es contra nadie en particular, pero en el entorno de Gioja habían dicho que era para establecer si hubo connivencia con Santiago Grafiggna, el profesional que actuó como contraparte en casi todos los juicios.
Ayer, las fuentes agregaron dos elementos más. Aseguraron que también quieren establecer si el abogado Horacio Alday, que intervino en viejos procesos representando a los propietarios, y algún juez podrían ser parte de un circuito para sacarle plata de más a la provincia.
No es la primera vez que se habla de la participación de los magistrados. El Fiscal de Estado había sugerido que habría que investigar si se apartaron de sus obligaciones y si de esa forma, perjudicaron a la provincia con sentencias millonarias en contra.