El Foro de Abogados busca, a través de un proyecto de ley, que los honorarios de los profesionales, es decir el importe de lo que cobran por los distintos servicios que prestan, tengan una base mínima para que, entre otras cosas, el cliente conozca el piso de lo que cuesta una determinada tarea. El planteo también apunta a solucionar un reclamo de los abogados, quienes sostienen que en determinadas causas, como las penales o los casos de divorcios, la regulación de los honorarios queda al arbitrio de los jueces, quienes suelen imponer montos irrisorios, explicó Fernando Rahmé, miembro del directorio de la institución. En cambio, al existir un parámetro para cada trabajo realizado, el magistrado contará con un punto de referencia a la hora de fijar un valor (Ver recuadro).

La idea tiene varios fines, indicó Rahmé. Por un lado, evitar los abusos contra los clientes, quienes sabrán el costo mínimo, determinado por ley, de lo que sale el asesoramiento en toda la investigación de una causa penal, por ejemplo. Actualmente el defendido pacta y acuerda con el abogado la cifra por ése y otros trabajos. Por otro lado, impedir que los letrados rebajen su trabajo a valores magros y que deban acumular muchos casos para obtener una ganancia razonable. En ese sentido, buscan la jerarquización de la profesión.

El proyecto fue impulsado por la presidenta del Foro, Marianela López, quien ya se lo presentó a Pablo García Nieto, el presidente del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, quien señaló que la iniciativa “es bienvenida” y que antes de su presentación en el recinto “la vamos a evaluar y hacer sugerencias”. Fuentes oficiales manifestaron que el presidente de la Legislatura, Sergio Uñac, demostró interés en la propuesta. Por su parte, el vicepresidente electo del Foro, Alfredo Mergó, opositor a la actual conducción, la consideró como “positiva”, aunque aclaró que “no estamos de acuerdo con algunos puntitos, como el hecho de no tener en cuenta los gastos de los profesionales”. De todas formas, resaltó que “no estamos para frenar ni perjudicar nada”, y que en el caso de que tome estado parlamentario, “vamos a colaborar para que, a nuestro criterio, se mejore”.

Según explicó Rahmé, hay 2 tipos de causas: aquellas con y sin contenido económico. Las primeras son, por ejemplo, las demandas por daños y perjuicios en las que se determina el monto demandado que está en juego y sobre el que se calcula el porcentaje que recibirá el letrado. En cambio, en las segundas (que contempla a los casos penales, los divorcios y las adopciones, entre otros) no se puede fijar de antemano un valor y son estas las causas en las que hace hincapié el proyecto. Actualmente, el cliente acuerda con su abogado el pago del asesoramiento legal y al final del juicio, el juez, en base a la complejidad del proceso, fija los honorarios. “Tras dos años de trabajo, las costas suelen ser de 1.000 o 1.500 pesos. Una barbaridad”, resaltó Rahmé.

Con el proyecto, el monto mínimo de cada una de las tareas ya estará indicado por una norma, además de otras sumas que incorpore el abogado, en acuerdo con su cliente, por su experiencia o trayectoria.