El Estado había recibido un primer revés judicial en la demanda que había planteado una joven que quedó renga luego de que fuera sometida a una operación de cadera y la Obra Social Provincia (OSP) nunca le enviara una prótesis. Si bien Fiscalía de Estado podía apelar, la sentencia tuvo un peso decisivo, por lo que los abogados decidieron llegar a un acuerdo con la damnificada e indemnizarla con 6 millones de pesos por la incapacidad, indicó Jorge Alvo, el titular del organismo que defiende el patrimonio local. El fallo de la jueza Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo, había establecido un monto de 4,2 millones de pesos, pero con la actualización e intereses podría haber trepado a los 10 millones de pesos. Para la provincia, el desembolso pudo haber sido mayor, mientras que para la demandante podían pasar años hasta que la resolución quedara firme si pasaba por distintas instancias. Así, las partes coincidieron en arribar a un convenio. El resultado fue dañino para la joven y terminó siendo cuantioso, cuando la prótesis, en su momento, costaba 12 mil pesos.
El caso comenzó a gestarse cuando la joven tenía 15 años y empezó a sufrir intensos dolores en la zona de la cadera. Como su madre trabaja en el Estado, la adolescente cuenta con la obra social provincial como afiliada indirecta. Tras una serie de consultas, los médicos locales no pudieron detectar el origen de la dolencia, por lo que su mamá consiguió la derivación al Hospital Garraham de Buenos Aires. Los profesionales descubrieron que tenía un cáncer en el hueso ilíaco y comenzaron con las sesiones de quimioterapia en el transcurso de 2013, hasta que a fines de ese año decidieron llevar a cabo la extirpación urgente del tumor y la colocación de una prótesis. Así, en diciembre comunicaron a la entidad sanjuanina la necesidad de la pieza quirúrgica, dado que habían fijado fecha de la intervención para el 16 de enero de 2014. De acuerdo al expediente, la madre fue hasta la OSP y presentó la documentación necesaria, pero los días pasaron y la prótesis no llegaba. Incluso, un día antes de la operación, una tía volvió a hacer el trámite, pero la obra social nunca mandó el material quirúrgico. Frente a esa situación, los médicos sacaron menos hueso para que la joven pudiera caminar, pero, como quedó tejido sospechoso, le aplicaron radioterapia al hueso para eliminar cualquier rastro del tumor, lo que, a su vez, produjo que ya no se pueda poner la prótesis. Así, los expertos le salvaron la vida y evitaron que se movilizara en silla de ruedas, aunque la joven quedó renga de por vida.
La OSP, ante la inminente cirugía, había aprobado la entrega de la prótesis, que costaba 12 mil pesos, pero con el compromiso de pago de la madre a través de una garantía. Así, la estrategia defensiva fue achacarle la supuesta responsabilidad a la mamá porque no cumplió con dicho requisito. Tal postura había sido cuestionada por la jueza, quien había señalado que reflejaba el desapego por el interés superior de la niña, dado que había una menor que debía someterse a una operación impostergable por una enfermedad "mortal". Además, entre otros puntos, había indicado que la garantía era de cumplimiento imposible, porque la madre se encontraba en Buenos Aires cuidando a su hija.
Luego del revés, en Fiscalía de Estado consintieron la sentencia y lograron un acuerdo para evitar un pago más abultado.
Crítica
La jueza Adriana Tettamanti había cuestionado duramente la decisión de la OSP al señalar que el pedido de garantía por la prótesis estuvo apartado de toda norma legal y constitucional y que hubo un criterio mercantilista.
Reclamo
La familia de la joven encaró una demanda civil en el Contencioso Administrativo por incapacidad física y daño moral y psíquico. Fiscalía de Estado podía apelar, pero sus abogados llegaron a un acuerdo con la demandante.