Los ocho cargos penales vacantes despertaron el interés de muchos de los magistrados que integran ese fuero. De hecho, de las 40 personas que hoy se desempeñan en la llamada primera instancia (jueces y fiscales correccionales, de Instrucción y de Flagrancia, más los defensores), 22 se anotaron en el concurso (el 55%) para buscar un ascenso debido a que hay en juego cinco puestos de camarista y uno de fiscal de Cámara. No fueron los únicos, ya que hay otros 77 anotados (entre litigantes y funcionarios judiciales) para esos lugares y dos cargos de juez de Instrucción. De esa forma, son 89 los postulantes en total.

El juez y el fiscal de Cámara son los que intervienen en juicios y en la revisión de apelaciones. Son puestos de peso, ya que sólo están por debajo de los ministros de la Corte y tienen remuneraciones apetecibles, que están entre los 300 mil y 350 mil pesos de bruto, dijeron fuentes oficiales. Por su parte, los jueces de Instrucción son los que investigan y resuelven homicidios, abusos sexuales y robos, entre otros.

Tras la inscripción y otros pasos formales, el Consejo de la Magistratura entrevistará a los candidatos. Si bien aún no hay fecha, no se descarta que se realicen durante la semana del 15 de junio, aunque las autoridades se encuentran definiendo el mecanismo (ver abajo).

De los 22 magistrados anotados, diez lo hicieron para los cargos de juez y fiscal de Cámara a la vez. Ellos son: los fiscales correccionales Claudia Salica, Silvina Gerarduzzi y Roberto Mallea; el de instrucción, Carlos Rodríguez; el de Flagrancia, Adrián Riveros; el Fiscal Coordinador de Flagrancia, Daniel Guillén; el juez de ese fuero Ricardo Moine; la defensora Penal de Niñez, Mariela López; el Defensor Oficial Carlos Reiloba, y la jueza Correccional Carolina Parra. Luego hay tres magistrados que se anotaron sólo para el cargo de fiscal de Cámara: Fiscal Coordinador de Flagrancia Fabrizio Médici; la de Instrucción Ana Lía Larrea y su colega Correccional, Juan Manuel Galvez. Por otro lado, los nueve restantes, se inclinaron sólo para ser juez de Cámara Penal. Ellos son: los jueces de Instrucción Guillermo Adárvez y Benedicto Correa; los jueces Correccionales Matías Parrón, Mónica Lucero y Alberto Caballero; los de Flagrancia Ricardo Grossi y Carlos Lima; la Defensora coordinadora Mónica Sefair y la Defensora Penal de Niñez y Adolescencia Bettina Cuni. Entre los abogados conocidos del rubro aparecen Juan Bautista Bueno, Fernando Castro, Miguel Dávila Saffe y Gustado De la Fuente. Además se anotaron el abogado penalista de Fiscalía de Estado Diego Sanz y el secretario Relator de Fiscalía General, Juan Pablo Ortega.

La gran cantidad de vacantes se debe a las renuncias en masa que se presentaron luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara la quita, a través de una ley, del 82 por ciento móvil en las jubilaciones de privilegio. Ante esa situación, los que dejaron sus lugares fueron todos los integrantes de la sala II de la Cámara Penal (Juan Carlos Peluc, Ernesto Kerman y José Vega), Raúl Iglesias de la Sala I, Eugenio Barbera de la Sala III y el fiscal de Cámara José Mallea. Tras las renuncias fueron convocados para realizar tareas, pero quedaron exceptuados por ser grupo de riesgo en la pandemia. Otro juez que dio un paso al costado fue el titular del Primero de Instrucción, Benito Ortiz, mientras que su par del Cuarto de Instrucción, Martín Heredia, ascendió a camarista. Una ausencia es la de Pablo Flores, del Segundo de Instrucción, quien viene presentando licencias por salud y está en la mira de un Jury de Enjuiciamiento.

 

¿Entrevistas presenciales?

Luego de confirmados los anotados para los ocho cargos en el fuero penal, el Consejo de la Magistratura se encuentra analizando cuál es el mejor mecanismo para llevar adelante las entrevistas a los postulantes.

Según indicó el presidente del cuerpo, el cortista Juan José Victoria, no se descarta que las entrevistas se lleven adelante de manera presencial, cumpliendo con el protocolo necesario de distanciamiento y medidas sanitarias. Incluso, el ministro indicó que, de ser necesario, sería posible instalar pantallas divisorias. Por otro lado, si ese mecanismo no resulta conveniente, aseguró que el órgano cuenta con el sistema digital necesario para hacer las videoconferencias. Además indicó que, si bien no está definido, las entrevistas pueden realizarse en la semana del 15 de junio.