La funcionaria del Ministerio de Educación que cayó presa acusada de desviar más de un millón de pesos del Estado a su cuenta privada se negó a prestar declaración indagatoria ante el magistrado, según confirmaron fuentes judiciales. Tras ese procedimiento, su defensa solicitó la excarcelación, medida que será resuelta esta semana por el juez que investiga la causa, Pablo Flores, luego de que el fiscal Ignacio Achem emita opinión sobre si corresponde o no otorgarle el beneficio, indicaron las fuentes.
Quien está en la mira es Sandra Deolinda Maya, liquidadora de Educación, quien desde diciembre hasta junio habría realizado varios movimientos bancarios desde las cuentas de la cartera a la suya, utilizando Códigos Únicos de Identificación Laboral (CUIL) ficticios. Tras detectar esa maniobra, el área legal del ministerio radicó la denuncia y con la investigación judicial en marcha, el juez allanó la casa de la sospechosa y la detuvo. Así, la mujer es investigada por estafa en perjuicio de la administración pública, delito con una pena que va de dos a seis años de prisión. No es el único caso, ya que desde la cartera educativa radicaron otra denuncia similar contra otro agente que se desvió 11 mil pesos. Esa causa recayó en el Quinto Juzgado de Instrucción, a cargo de Benedicto Correa.