El sumario administrativo que se abrió contra los miembros permanentes del Tribunal de Tasaciones (TT) a raíz de las expropiaciones fraudulentas, terminó de la peor manera para uno de ellos. El gobernador José Luis Gioja resolvió echar al presidente del organismo, Joaquín Fernández, por incumplir sus obligaciones, ser negligente y producir informes incorrectos que ayudaron a consumar maniobras para que el Estado pague millones de pesos de más por terrenos expropiados. Los otros bajo la lupa eran Pedro Bazzani y José Moreno, pero alcanzaron a jubilarse antes de que salga la sanción. Los integrantes del TT habían sido suspendidos en sus cargos en 2012, cuando la administración giojista detectó que podían tener vinculación con el escándalo de las expropiaciones.
La medida dictada por el Gobernador hace foco, entre otros puntos, en el llamativo cambio de criterio de los exfuncionarios a la hora de fijar el precio que la Provincia debía pagar por un inmueble expropiado en Cuesta del Viento. Fue el conocido "Plenario Luna", en donde definieron que el lote era suburbano y no rural como otros que habían tasado con anterioridad en la misma zona.
Además, en lugar de tasarlo al momento de la desposesión, lo valuaron a fecha actual a pesar de que estaba bajo el agua y no pudieron constatar su estado real. Para peor, aún cuando el agua se apoderó del terreno, pusieron que tenía mejoras (frutales, por ejemplo) que lo hacían más caro todavía.
¿Cómo perjudicó todo ese tecnisismo a las arcas públicas? De acuerdo a lo que se investigó en la megacausa, en lotes de similares características de la localidad iglesiana fijaron 1.663 pesos por hectárea y en el caso Luna impusieron 19 pesos por metro cuadrado, es decir un monto equivalente a 19.000 pesos por hectárea.
Sobre llovido, mojado. El abogado de Luna era Santiago Graffigna, imputado en la megacausa como líder de la supuesta asociación ilícita que inflaba el valor de los inmuebles, y fuentes vinculadas al caso aseguraron en su momento que los integrantes del TT siguieron aplicando el mismo método en sus juicios. Mientras que en los que eran llevados por otros letrados, contaron, volvieron al criterio antiguo. De ahí que el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, que es parte querellante en el proceso penal, sostiene que Fernández, Bazzani y Moreno actuaron en connivencia con el letrado.
Fernández es hermano del exministro de Gobierno, actual asesor de Gioja y precandidato a diputado proporcional por el sector de Ruperto Godoy, Emilio Fernández, y en su entorno no descartaron un recurso de reconsideración ante el Ejecutivo. Y si no tiene suerte, podrían hacer un planteo en la Justicia para que revean la remoción.