En la Sala III de la Cámara Penal había caído la apelación por un procesamiento contra un hombre acusado de violar a su propio hijo, pero el tribunal demoró cerca de un año y cinco meses en confirmar la resolución. El atraso fue tal que resultó determinante para que se consumiera el plazo legal para que el imputado estuviera con prisión preventiva, el cual es de dos años. Por eso, la Corte de Justicia les marcó la cancha a los camaristas y les aplicó un severo llamado de atención para que en el futuro no se vuelva a repetir una situación similar. Si bien los magistrados de otra sala, que llevarán adelante el juicio, prorrogaron por un año la detención del imputado, el máximo tribunal local rechazó la decisión porque entendió que no se dieron los requisitos que permiten dicha extensión, como la existencia de muchos delitos o que la causa fuera compleja y de difícil investigación. De esa manera, ordenaron su liberación.
Pero como se trata de un caso delicado, en el que un padre está en la mira por ultrajar sexualmente a su hijo, que por entonces tenía siete años, los cortistas ordenaron una serie de medidas para proteger a la víctima. Entre ellas se encuentra la prohibición de acercarse al menor y a todo su entorno familiar en un radio de 500 metros, la colocación de una pulsera electrónica y la obligación de que asista cada 15 días al tribunal de juicio para registrarse. De hecho, el acusado recuperó la libertad el miércoles y desde la Sala penal de turno, la I, le marcaron los puntos. No obstante, la fecha de juicio está fijada para el 6 de agosto, en el que se dará uno de dos resultados. El primero, que el imputado sea condenado y por la magnitud de la escala penal del hecho vuelva a la cárcel. Y el segundo, que sea absuelto.
El tirón de orejas de la Corte apuntó en general contra los integrantes de la Sala III: su presidente Graciela Del Pie y los vocales Maximiliano Blejman y Eugenio Barbera. Quien apeló la prórroga fue el defensor Gustavo De la Fuente y la resolución del máximo tribunal llevó la firma de los ministros Humberto Medina Palá, Guillermo De Sanctis y Adriana García Nieto. En la práctica, un severo llamado de atención no queda registrado en los legajos de los magistrados, pero sí es una señal de alerta. Y es otra muestra de la Corte en combatir la morosidad en las distintas instancias judiciales.
Todo se desencadenó en noviembre de 2014, cuando la madre del chico de siete años denunció al padre por la presunta violación. Desde el Cuarto Juzgado de Instrucción recabaron las pruebas como el examen médico, la ratificación de la denuncia, la declaración de la víctima en Cámara Gesell y los informes psicológicos, entre otros, para decidir el procesamiento con prisión preventiva en junio de 2016. Es decir, a partir de esa fecha comenzó a correr el plazo de dos años en el que una persona puede estar detenida provisoriamente. De la Fuente apeló dicha resolución ante la Sala III. La definición que se demoró alrededor de un año y cinco meses fue sobre si se confirmaba o se rechazaba el procesamiento. Como sucedió lo primero, la causa fue elevada a juicio a la Sala II, cuyos integrantes prorrogaron la prisión preventiva por un año. Ante esa decisión, el defensor acudió a la Corte, que le terminó dando la razón. Es que los ministros entendieron que la prórroga sólo puede darse ante casos complejos, cosa que no sucedió en este, ya que el sospechoso fue identificado desde un primer momento y todas las pruebas fueron recolectadas, explicaron fuentes judiciales.