Cuando un profesional de la salud se va a inscribir en el Ministerio de Salud Pública debe gestionar la matrícula y pagar un arancel que hoy está en 1.200 pesos. Según fuentes calificadas, dos empleadas se ofrecían para realizar tal trámite, recibían el dinero, pero al final se lo habrían dejado en sus bolsillos porque no abonaban el canon. ¿Cómo hacían para simular que efectuaron la operación? Luego de generar el comprobante, le adosaban troqueles de pago de expedientes viejos, los que eran cubiertos con sellos para tapar las fechas. En la cartera sanitaria descubrieron cuatro maniobras de ese tipo en un sólo día (lo que implica un total de 4.800 pesos), por lo que dispararon un sumario y es casi un hecho que radicarán una denuncia.
El caso estalló internamente la semana pasada, pero trascendió recién ayer. Y en Salud Pública recolectaban información y buscaban si la movida se había dado en otros expedientes. Desde la cartera sanitaria, que conduce Alejandra Venerando, han puesto la lupa en toda maniobra sospechosa, como la denuncia que realizaron por presuntas irregularidades en el uso de combustibles de las movilidades oficiales. En esa causa, la presentación en un principio apuntó contra 14 empleados, aunque en el avance de la investigación judicial la lupa quedó sobre dos, quienes aún no son indagados en el Quinto Juzgado de Instrucción. Según se calculó en su momento, la maniobra le habría costado unos 200 mil pesos al Estado y los sospechosos habría comprado nafta con la tarjeta oficial para abastecer sus vehículos particulares. Por otro lado, en distintos servicios prestados por diferentes proveedores (la comida y la limpieza de los principales centros de salud) se llamó a licitación para abrir la competencia y la administración pública logró grandes ahorros (ver aparte).
El nuevo caso llamó la atención por un expediente, dado que tenía un excesivo sellado sobre el cupón de pago del arancel. Es que la intención habría sido tapar la fecha, ya que se trataría de un troquel viejo, utilizado en otro trámite. Con ese antecedente, se buscó más información y en el Ministerio encontraron tres casos más en un sólo día. La mira está sobre dos empleadas, de quienes no trascendieron sus identidades. Todo indica que cuando un profesional (bioquímico, farmaceútico, kinesiólogo o médico) iba a hacer el trámite para matricularse en Salud Pública, las mujeres les daban la posibilidad de encargarse del pago. Cuando recibían la plata, generaban el comprobante, pero no depositaban el dinero en el banco sino que se lo guardaban, indicaron las fuentes. Y simulaban la operación apelando a troqueles de pagos anteriores, explicaron.
En la repartición estaba el sumario en marcha y analizaban una denuncia bajo la figura de defraudación contra la administración pública. Es que el dinero tenía como fin las arcas del Estado y habría quedado en manos de particulares. Las fuentes señalaron que los profesionales de la salud que se inscribieron no tenían nada que ver con la maniobra. Y que sus títulos no se encuentran invalidados, dado que la irregularidad se habría gestado en lo que tiene que ver con un trámite de pago.
Combustible
En la causa por presuntas irregularidades en el uso del combustible de las movilidades oficiales, los que están en la mira son Sergio Montaño (jefe del área) y el chofer Martín Mereles. Pese a los reiterados pedidos realizados por la fiscal Claudia Salica, el juez Benedicto Correa aún no los indaga.
Ahorro
Salud Pública licitó varios servicios que venían con renovaciones automáticas desde la gestión pasada. En el que logró un ahorro de 11,2 millones de pesos al año fue en el de abastecimiento de comida para siete centros asistenciales de la periferia. La prestación estaba en manos de Seralico.