Estaban al frente de áreas clave del Banco Nación. Liliana Rabasa era la subtesorera y Fabián Saavedra era el jefe de la Plataforma Operativa, es decir, quien autorizaba extracciones. Ambos están acusados de sacar poco más de 241 mil pesos de la cuenta sueldo de un docente universitario y están expuestos a enfrentar el miércoles que viene un juicio en el que pueden sufrir penas que van de dos a 10 años de prisión. Sin embargo, los imputados hicieron una propuesta en el Tribunal Oral Federal para evitar el proceso y quedar desligados. Según fuentes judiciales, ofrecieron devolver, entre los dos, 470 mil pesos, en lo que técnicamente se denomina reparación integral del perjuicio, cuyo objetivo es que se extinga la acción penal, es decir, que la causa desaparezca. Los jueces Daniel Doffo, Eliana Rattá y Hugo Echegaray enviaron esta semana planteo al querellante (el banco) y al fiscal Francisco Maldonado para que opinen si aceptan o no la propuesta para, luego, tomar la decisión final.
En el ámbito federal hay un antecedente de reparación integral del perjuicio. Fue el de Francisco Mugnos, un enólogo que fue acusado por la presunta adulteración de vinos, quien le pagó 10 mil pesos al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que actuaba como querellante, dado que se había cometido una infracción a la ley de vinos, dijeron las fuentes. El organismo y el fiscal aceptaron la propuesta, por lo que el juez Echegaray desvinculó el 19 de junio de 2018 al imputado, además de señalar que dicha reparación había sido incorporada por una norma en el Código Penal, por lo que su aplicación se encuadra en el principio de que la ley penal más benigna debe beneficiar obligatoriamente a un imputado (como en ese caso), pese que no esté reglamentada.
En la provincia, tal figura había causado polémica, ya que el juez José Vega la había otorgado a dos procesados que habían intentado robar un auto y uno de ellos, además, había amenazado a un testigo que los vio. Desde el Ministerio Público se opusieron a la concesión del beneficio debido a que no está contemplado su procedimiento y que, en ciertos casos, la víctima queda "a merced de las amenazas y aprietes del victimario", había dicho el fiscal General Eduardo Quattropani, quien había bajado línea para que los fiscales no aceptaran tales acuerdos. El nuevo Código Procesal Penal provincial sí regula la reparación integral del perjuicio para, entre otros, delitos de contenido patrimonial, como las estafas y fraudes, salvo contra la administración pública. En todos los casos, debe existir el consentimiento del fiscal.
En la causa del Banco Nación, el cliente detectó que le habían sacado 241 mil pesos, lo que derivó en un reclamo y la devolución de la plata más intereses por parte de la entidad financiera. Además, disparó un sumario interno que fue la base de la denuncia contra Rabasa y Saavedra. La primera está acusada de llevar a cabo muchas de las extracciones mientras que al segundo lo responsabilizan de haber autorizado a la imputada a realizar un número importante de los retiros, según consta en el expediente. Ahora, los dos ofrecen la devolución de casi el doble del dinero para zafar del juicio.
Imputación
Liliana Rabasa y Fabián Saavedra están imputados de fraude contra la administración pública y fueron encuadrados como funcionarios públicos, por lo que también se les endilgó la sustracción de caudales que tenían bajo su cargo. La causa estalló en 2015 y esperan el juicio en libertad.