Un documento al que tuvo acceso en forma exclusiva DIARIO DE CUYO, revela manejos internos en la Cámara Civil que alimentan las dudas que hay sobre el accionar de un exmagistrado en el escándalo de las expropiaciones. Todo surge a partir de la apelación que presentó la provincia en el juicio por Canal Playas, donde en primera instancia fue sentenciada a pagar la increíble suma de 8 millones de pesos por un muro perimetral y veredas que ni siquiera se comprobó que existieran. Cuando el expediente llegó a la Sala III, el por entonces camarista Moisés Moya hizo lugar a todo lo que planteaba el polémico abogado Santiago Graffigna y ratificó la indemnización por las supuestas obras; mientras que su colega Catalina Cúneo de García advirtió, según la documentación, que los terrenos no eran urbanos al momento de ser expropiados (adviértase que fue en 1949) y que difícilmente tuvieran un muro y veredas, anticipando que iba a votar en contra. Lo curioso es que el debate se resolvió de una manera poco usual: Moya, como presidente de la Sala, no esperó que la magistrada plasmara su disidencia y mandó a emitir el fallo que había elaborado justo cuando ella estaba de licencia.

La sentencia es de 2009, cuando los integrantes de la Sala III eran Moya (ya no es juez porque se jubiló en 2012), Cúneo de García y Humberto Caballero. Los tres están hoy en la mira de Fiscalía de Estado por confirmar sospechosas sentencias de primera instancia en juicios de expropiaciones y al poco tiempo, en otros casos, cambiar de criterio y desechar lo que ellos mismos habían convalidado (ver aparte). Y en el organismo no descartan denunciarlos en la megacausa penal donde se investiga si abogados, jueces y funcionarios estafaron a la provincia inflando a valores siderales los inmuebles.

El juez Carlos Macchi, sobre quien pesa un Jury, condenó al Estado a pagar por Canal Playas una suma que a valores de hoy asciende a 70 millones de pesos y entre los bienes a indemnizar, incluyó un muro perimetral y veredas como lo pedía Graffigna, que era el abogado de los expropiados y quien está señalado de ser el líder de la asociación ilícita que habría operado para consumar la estafa contra las arcas públicas. La provincia apeló y entre los agravios que expresó (fundamentos), aseguró que nunca se comprobó la existencia de muros y veredas.

El documento al que accedió este diario es de manejo interno y revela cómo fue que la Salla llegó al fallo y el debate entre los camaristas. Moya, a quien la Fiscalía de Estado le apunta desde hace tiempo por tener una estrecha relación con Graffigna, fue el primero en votar y sin mucho fundamento rechazó el planteo de las veredas y ratificó lo actuado por Macchi. Cuando le llegó el expediente, Cúneo de García no coincidió con su colega, solicitó “acuerdo” (esto es, una reunión entre los tres miembros de la Sala para discutir el tema) y en manuscrito escribió lo que considera una cuestión de sentido común: “Me generan dudas el muro y veredas. Al tiempo de la expropiación, los terrenos no eran urbanos”. Dicho en otras palabras, advierte que en 1949 era muy difícil que existieran las mejoras reconocidas por Macchi.

Siempre por escrito y en el mismo expediente, Moya le contestó: “Mantengo el voto. La demandante nada dice al respecto. Si decimos nosotros, ¿no sería extra petita?”. Con esto último, quiere decir que no hay que opinar de cosas que no plantean las partes.

Cúneo recibió de nuevo el documento y plasmó: “¡Ojo! Reitero Acuerdo, hay agravio”. Es decir, además de insistir con la reunión, advierte que el Estado sí planteó su objeción por el muro y las veredas. Sin embargo, a pesar de que es normal que el presidente de la Sala convoque a acuerdo cuando lo solicita uno de sus pares, Moya no lo hizo.

Pero lo que más llama la atención es que con la adhesión del otro camarista, Caballero, Moya dio por cerrado el debate y sacó la resolución en momentos en que Cúneo de García estaba de licencia y sin poder incluir su disidencia en la sentencia. Si bien no hay nada que impida un fallo de dos votos, distintas fuentes de Tribunales se mostraron sorprendidas porque eso se suele hacer cuando uno de los integrantes se ausenta por mucho tiempo y no por un par de días, como la jueza.

La sentencia finalmente fue anulada por la Corte de Justicia (ver Dato). Pero ante consultas de este diario, en Fiscalía de Estado interpretaron que lo que pasó es un indicio clave para reforzar la teoría de que hubo connivencia entre distintos actores y una cadena de sucesos procesales orientados a favorecer a Graffigna.

Moya está en el ojo de la tormenta mucho antes que sus compañeros. Fuentes del organismo estatal recordaron que el exjuez tiene un grado de parentesco con Graffigna y así todo, no se excusó en un juicio de expropiación donde el abogado era parte. La Fiscalía de Estado lo recusó cuando la polémica ya había estallado y él no se resistió.