Como los gremios docentes anticipan que la próxima discusión salarial, no se sabe si antes de fin de año o a comienzos del 2010, será dura por la crisis financiera imperante, empezaron a preparar el terreno para poder realizar medidas de fuerza sin tener que afrontar resoluciones judiciales interpuestas por la Provincia por la vía de recursos de amparo que desde el 2007 los obligan a regresar a las aulas. El viernes, dos de esos gremios, UDAP, el que nuclea a la mayor cantidad de afiliados en el sector, y AMET, presentaron, cada uno por su parte, dos recursos extraordinarios federales para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare "inconstitucional por arbitraria" la sentencia de la Corte local.

Lo que los gremios pretenden es que la Corte Suprema se expida sobre si los docentes tienen derecho de ir a la huelga, por ejemplo en reclamo de un aumento salarial, o si está primero el derecho de los alumnos a recibir educación.

En marzo último, Fiscalía de Estado presentó por quinta vez una acción de amparo pidiendo que se declare ilegal y arbitraria las medidas de acción directa que estaban cumpliendo UDAP, UDA y AMET con el argumento de que no cumplieron con la reglamentación legal para ejercer el derecho de huelga.

Pero el juez civil Roberto Pagés no definió la cuestión de fondo, cuál de los dos derechos, el de los docentes a huelga o el de los chicos a la educación, es prioritario.

Tampoco lo hizo la Cámara Civil en fallo dividido, aunque hubo un voto en disidencia. Y como tampoco lo definió la Corte de Justicia de San Juan, los gremios quieren que el conflicto tenga resolución final por parte del máximo tribunal judicial del país.

La acción de amparo promovida por Fiscalía de Estado de la provincia es un recurso que ya se usó 5 veces y 4 recayeron en el despacho de Pagés, que siempre hizo lugar al pedido oficial con una cautelar, obligando a los docentes a volver al aula. La primera vez fue el 13 de marzo del 2007 tras 5 jornadas de paro y el planteo recayó en Pagés. El 1ro. de agosto de ese mismo año el entonces juez Arturo Varas (hoy retirado) hizo lugar a la cautelar tras 6 días de paro. El año pasado hubo 2 presentaciones, el 4 de marzo, tras 48 horas sin clases, Pagés ordenó a los maestros volver a trabajar y el 5 de septiembre también actuó el joven magistrado. La quinta fue en marzo de este año, otra vez con la intervención del juez Pagés, y con 4 paros en el haber.

"No se puede convalidar que el Estado, vía de acción de amparo, impida las huelgas", dijo el abogado de AMET, Marcelo Arancibia, para justificar la presentación del gremio. Y Daniel Persichella, de UDAP, sostuvo que "se está violando nuestro derecho de defensa porque nunca hubo un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo por parte de la Justicia".

Desde Fiscalía de Estado, el titular Mario Díaz, respondió que "no hemos recibido notificación del planteo. Cuando nos corran traslado veremos qué respondemos".

Si la Corte local no admite este planteo (formalmente se presenta en sede sanjuanina aunque vaya dirigida a la Suprema), los gremios pueden intentar llegar al máximo tribunal por otra vía, la del recurso de queja.