Por primera vez, la Cámara de Diputados le quitará hoy los fueros a un legislador. La decisión apunta al calingastino Alfredo Amín e implica su suspensión para que quede a disposición del juez federal Leopoldo Rago Gallo, quien lo indagará en una causa por fraude a la administración pública nacional en su faceta de cogerente de un supermercado y antes de que asumiera en la Legislatura. El escenario es inédito y hay aguas divididas y dudas en la oposición sobre si debe seguir suspendido o continuar en sus funciones ante un eventual procesamiento judicial. Las diferentes visiones se dan inclusive entre los aliados del oficialismo, mientras que el referente de la bancada peronista, Pablo García Nieto, prefirió no opinar sobre dicha hipótesis.
Al ser consultado, Amín se mostró confiado en conseguir el sobreseimiento (la desvinculación definitiva), dado que reiteró que es inocente. No obstante, hay otros dueños de comercios involucrados en el expediente que terminaron procesados, es decir, que el magistrado consideró probables sus responsabilidades en los hechos que se investigan. La causa comprende a un grupo de proveedores, entre los que se encuentra el supermercado Don Pocholo, en el que Amín es cogerente, que habría realizado maniobras de sobreprecios y de facturación de mercadería que no se habría entregado al Escuadrón de Gendarmería de Barreal y al Centro de Formación de aspirantes Félix Manifior, entre 2013 y 2014 (Ver recuadro).
El legislador repitió que no tiene ningún inconveniente en que le quiten los fueros para dar las explicaciones ante el juez y sus pares (son necesarios los dos tercios) lo suspenderán para que sea indagado. Ahora, los interrogantes y las diferentes visiones entre los referentes de los bloques legislativos surgen sobre la continuidad de la suspensión si se diera el procesamiento. Por el lado de la oposición, el basualdista Sergio Miodowsky señaló que en ese escenario “creería que no debería seguir en sus funciones”, aunque resaltó que hay que esperar el resultado del proceso. Por su parte, Eduardo Castro, de la UCR, manifestó que “puede seguir”, debido a que “goza de la presunción de inocencia. Que esté procesado no quiere decir que haya culpabilidad”. Gustavo Usín, de Actuar, coincidió en que “puede volver” al cargo y que el tema “merecería un debate en la Cámara”.
En cuanto a Fernando Moya, de Dignidad Ciudadana, resaltó que “no descarto ser partidario de que se mantengan la suspensión en el caso de ser procesado”, aunque aclaró que aún tiene que reflexionar el tema con más profundidad. En tanto que César Aguilar, del bloque San Juan Federal, indicó que “se viene hablando a nivel nacional de que no pueden ser candidatos aquellas personas procesadas, entonces tampoco debería ser diputado, en el caso de que haya un fallo en ese sentido”.
En los socios del justicialismo también hubo opiniones contrapuestas. El ibarrista Carlos Munisaga destacó que “no tengo problemas que se lleve adelante la investigación, pero otra cosa es dejar vulnerable la figura de un diputado, porque con lo que duran los procesos penales, queda fuera del ejercicio del mandato sin que haya condena”. En cambio, el bloquista Jorge Espejo, entiende que “tiene que continuar la suspensión porque hay una mayor sospecha de una conducta ilícita”.
Edgardo Sancassani, por su lado, no adelantó opinión y dijo que el tema merece ser debatido, mientras que el titular de la bancada oficialista, García Nieto, se excusó y dijo que “no voy a hablar de hipótesis”.
El expediente
La Justicia Federal investiga la compra-venta de mercadería entre gendarmes y proveedores. Según el expediente, el segundo comandante Jorge Castro, extitular del área que maneja las finanzas del Escuadrón 26 Barreal de Gendarmería, está procesado por fraude en perjuicio de la administración pública. En el caso del comandante principal Darío Barco, quien estuvo al frente del Centro Felix Manifior, este fue indagado, pero su situación procesal aún no está resuelta.
Luego están los comerciantes Julio Posleman, de Distribuidora Posleman; Oscar Pastén, de Supermercado El Ángel; Pablo Riquelme, de El Triángulo; Juan Carlos Tapia, de Panadería Los Andes; Carlos Samat, de Distribuidora Libertador y Alberto Sosa, de Primer Supermercado Barreal, quienes fueron procesados por fraude. Todos están en libertad bajo fianza.
Suspensión e incorporación
Definición
En la Cámara de Diputados manifestaron que así como el cuerpo tiene la facultad de suspender a uno de sus integrantes, también tiene la atribución de reintegrarlo a sus filas.