El dedito meñique medio torcido hacia afuera le dificultaba todavía más la proeza de tomar el bastón de madera marrón para ponerse de pie. La señora, de pelo gris prolijamente peinado hacia atrás, falda azul y blusa de seda al tono, tenía también que tomar su bolsito de tela y argollas metálicas. Su preocupación giraba en torno a la imposibilidad de cargar consigo el documento nacional de identidad por el riesgo de extraviarlo, frente a tanta dificultad para desplazarse.
Esa era, sin embargo, la última disposición que debía acatar si quería viajar en ómnibus con su carnet de discapacidad. Se lo había impuesto el chofer de la línea 24, sin chance de objetar la ocurrencia. A bordo del micro, la disparidad de posiciones se hizo evidente. La señora, vencida, buscó las monedas y juntó el peso con cincuenta. Asunto liquidado.
Minutos más tarde, la mujer expuso la escena ante un interlocutor impotente. En definitiva, cualquier gestión para revertir la nueva imposición se agotaría en la corona del colectivo, donde el monarca decide quién y cuándo sube, y con qué reglas.
Impotente, ella insistió: "Imagínese si llevo el documento ¡Se me va a perder!". En nada cambiaba la situación su racimo de argumentos. "¿Sabe cuántos viajes tuve que hacer para que me dieran este certificado? ¿Y ahora me dicen que no sirve?", agregó la señora, en un último intento.
Vencida por segunda vez, tiró una pregunta clave: "¿Es que no tengo razón?". Como una espada, la inquisición sacudió a su interlocutor. Eso de "tener la razón", que no siempre significa ganar, menos aún cuando uno peina canas y, por mandato social, está mandado a retiro (de la vida).
En el Diccionario de la Real Academia, "razón" tiene una gran cantidad de acepciones. La séptima es aquella aludida por la señora: "Justicia, rectitud en las operaciones, o derecho para ejecutarlas".
"Razón’ equivale, por lo tanto, a "justicia", aunque sólo en el plano de lo semántico, lamentablemente. Una veloz consulta a la titular de la Dirección de Discapacidad, Sandra Lirio, arrojó una serie de explicaciones que, a la postre, dejaban el asunto en manos de la buena voluntad o la razonabilidad del chofer de turno.
El certificado de la señora era sólo un papel transitorio, expedido con firma y sello de la Dirección de Discapacidad y de la Dirección de Tránsito y Transporte mientras se llegaba a un nuevo acuerdo con la empresa Emicar, para que esta última emita los carnets definitivos. Una maraña burocrática que resultó en que el papel que tramitó la señora no lleve su foto y, por lo tanto, cualquier chofer pueda sospechar que el pase, en realidad, pertenece a otra persona. Por eso la exigencia repentina de adjuntar el DNI.
Es decir, un gran disparate, teniendo en cuenta la tarea titánica que debió realizar la mujer para subir cada escalón del colectivo. ¿Qué otra prueba era necesaria?
La señora tenía razón. Sin embargo, su posición era la más débil y el sistema se lo hizo sentir. El certificado que emitió el propio Estado hoy no le sirve. Igual que al resto de los viejos que se dieron por vencidos ante la primera derrota, aquella ocurrida a bordo del micro, y no se atrevieron a defender su razón.