Al cierre de esta edición, el fiscal de la Unidad Delitos Especiales, Iván Grassi, abrió ayer la investigación contra el dirigente social del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), Abel Peralta, quien fue denunciado por autoridades del municipio 9 de Julio por apretar a integrantes de esa organización para participar de una protesta en el edificio comunal, bajo la presión de que si no concurrían iban a perder sus planes sociales nacionales. De esa manera, fuentes calificadas indicaron que el sospechoso quedó a pasos de ser acusado en una audiencia pública por graves delitos, como coacción (una especie de amenaza agravada) y un tipo de atentado contra el orden público.
El caso provocó revuelo e indignación, ya que Peralta, a través de audios de Whatsapp, bajó la orden a los integrantes del MTR de que el lunes se juntaran todos en el municipio de 9 de Julio para pedir beneficios y ayudas sociales. "Los quiero a todos los de la organización. No me empiecen con excusas ni con que no quieren ir. No vayan, pero, después, cuando yo cargue para los planes, no me digan "a mí por qué no me cargaste"". No fue lo único, ya que hizo hincapié en que "el único trabajo que tienen es solamente ir a las marchas", entre distintos aprietes.
De acuerdo a lo que trascendió, el fiscal entendió que hay que recabar pruebas, como las declaraciones de las personas que recibieron los audios e informes de la compañía telefónica para confirmar que Peralta es el titular de la línea de celular. Las medidas están en el marco de lo que se denomina una investigación previa y se tratan de pasos formales, dado que está prácticamente confirmado que el dirigente social es el autor de los audios. Por eso, las fuentes explicaron que la investigación previa va encaminada a culminar en la formalización de la investigación penal preparatoria, en la que, en una audiencia pública, el fiscal le imputa los hechos delictivos al sospechoso, quien, si quiere, puede hacer un descargo bajo la asistencia de un defensor. La etapa se denomina preparatoria porque, de avanzar la investigación, termina en un juicio.
Tal cual había adelantado este medio, los delitos en juego, en principio, son los de coacción y atentado contra el orden público. La primera figura es una amenaza agravada, la que tiene "el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad", según establece el artículo 149 bis, último párrafo del Código Penal. La otra calificación comprende a toda persona que organiza o forma parte de una organización que tuviese como "objeto principal o accesorio, imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor", indica el cuerpo normativo. Las fuentes habían explicado que, en la conjugación de ambas figuras, las penas van de tres a ocho años de prisión. La escala mínima permitiría un castigo en suspenso, aunque se pondría en juego la gravedad del hecho. Si se comprobase que, por ejemplo, la amenaza tuvo como objetivo la obtención de una concesión por parte de un funcionario público, las penas se endurecen, ya que van de cinco a diez años de cárcel de cumplimiento efectivo.
La denuncia la había hecho el secretario de Gobierno de la comuna, Paulo Camargo, luego de las directivas del intendente Gustavo Nuñez, del partido Producción y Trabajo. La presentación se hizo en la Comisaría 11, la que fue derivada a la UFI Delitos Especiales. Peralta reunió unas 300 personas en el edificio municipal y mantuvo una reunión con el jefe comunal (Ver recuadro).
Coacción
El artículo 149 bis, último párrafo, del Código Penal contempla un castigo que va de dos a cuatro años de prisión para el que "hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad".
Atentado al orden
El artículo 213 bis establece penas de tres a ocho años de cárcel para el que "organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor".
Etapas
El fiscal Iván Grassi abrió una investigación previa, la que va encaminada a la etapa de formalización de la investigación penal preparatoria, que es en la que se le imputan los hechos al sospechoso. Si la causa avanza, viene la etapa de juicio.
Movilización y reunión
El intendente Gustavo Nuñez había contado que el lunes hubo una movilización del MTR de unas 300 personas, las que estuvieron sobre calle Diagonal Sarmiento. Además, mantuvo un encuentro con Peralta, quien le pidió por módulos alimentarios y trabajo. Sobre el primer punto, el jefe comunal indicó que, para ese tipo de ayuda, los interesados se deben empadronar y cumplir una serie de requisitos, ya que se trata de fondos que recibe del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, por los que debe rendir cuentas. Además, remarcó que "no hace falta ni movilización ni protesta", ya que "el municipio está abierto para todos y no hay ningún tipo de privilegio para nadie". Por eso, se mostró molesto, dijo que no le gustaron "las formas" y que "no hay que aprovecharse de la gente en esta situación", por lo que dio las instrucciones para que se radicara la denuncia.