Buenos Aires, 24 de noviembre.- El radicalismo, el GEN, el Socialismo, y Proyecto Sur pidieron de manera formal que la Cámara baja se reúna en sesión especial hoy para tratar, como tema más trascendente, el emplazamiento de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja “para el jueves 25 a las 10, a fin de dar tratamiento al Presupuesto 2011”. Para que triunfe esta postura de la oposición se necesitan los votos de los dos tercios de los presentes, según lo establece el artículo 106 del reglamento de la Cámara baja.
El panorama actual en el Parlamento indica que si el oficialismo y sus aliados se encuentran en el recinto, los bloques contrarios al Gobierno no lograrían tener los dos tercios necesarios para habilitarla a la Comisión para emitir un nuevo dictamen.
Entonces, una de las lecturas políticas posibles es que así la oposición intenta dejar en evidencia que el oficialismo no tiene predisposición para volver a debatir la ley de leyes y lograr un consenso para que la Argentina tenga Presupuesto en 2011.
Para lograr el quórum (129), será fundamental las presencias que tengan los bloques contrarios al Gobierno, que si bien todos han confirmado su presencia, estiman que haya notables ausencias por la semana corta debido al feriado por el día de la Soberanía Nacional y porque para muchos ya se ha terminado el año parlamentario.
En los pasillos de Diputados y en el seno de cada bloque opositor no se cree que se logre el quórum para iniciar la sesión especial.
Otras iniciativas en cuestión son las que establecen la suspensión de las ejecuciones judiciales a deudores hipotecarios; la regulación de la publicidad oficial; una reforma al Impuesto a las Ganancias; la reforma del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC); y la creación de una Comisión Bicameral sobre el origen y seguimiento de las negociaciones de la deuda pública.
En la Cámara Alta, en tanto, se debatirá el marco regulatorio para la actividad de las empresas de medicina prepaga. El proyecto, que fue sancionado por Diputados el 27 de agosto de 2008, pero hasta ahora nunca fue debatido por el Senado, tiene varios artículos que provocaron el rechazo de los empresarios.
Uno de los artículos cuestionados es el 10, que establece que las “enfermedades preexistentes pueden establecerse por declaración jurada y otros medios complementarios a cargo de la entidad de medicina prepaga, y podrán ser tenidas en cuenta a efectos de admitir nuevos usuarios”.
Otro de los artículos controvertidos es el 22, que estipula la obligación de las prepagas de mantener el 50% de su capital en una “reserva técnica” que garantice las prestaciones y el otro 50% ciento en instrumentos financieros.
Entre otros puntos, la iniciativa obliga a las empresas de medicina prepaga a tener planes de cobertura médico-asistencial, el Programa Médico Obligatorio y el sistema con prestaciones básicas para personas con discapacidad.
Los contratos de prestaciones deben ser autorizados por el Ministerio de Salud y los usuarios pueden rescindirlos en cualquier momento sin limitación y sin penalidad alguna.
La norma también establece que los contratos entre las prepagas y los usuarios no pueden incluir períodos de carencia o espera para las prestaciones que se incluyan en el Programa Médico Obligatorio.
Además, el proyecto establece que la edad no puede ser tomada como criterio de rechazo de admisión, en tanto que a los mayores de 65 años con al menos diez años de antigüedad en la cobertura no se les puede aumentar la cuota.