El día después de que se conociera la intención del Gobierno provincial de prohibir el funcionamiento de prostíbulos en todo el territorio sanjuanino, a través de un proyecto que el Ejecutivo quiere enviar a la Legislatura con el inicio de las sesiones ordinarias, en abril, los distintos bloques parlamentarios dieron su respaldo a la iniciativa. Aunque el oficialismo tiene mayoría propia, que garantiza que la iniciativa va a prosperar, la idea va camino de ser aprobada por el voto unánime de los 34 legisladores.
La iniciativa que está en elaboración también contempla duros castigos tanto para los dueños de los locales de explotación sexual como así también para los clientes que sean detectados en su interior. Se trata del arresto por hasta 60 días, que serán de cumplimiento efectivo, porque no podrán ser canjeados, por ejemplo, por el cumplimiento de tareas comunitarias.
La idea surgió luego de que el año pasado se detectara en San Juan una red de trata (ver aparte).
Desde el bloque oficialista, su presidente, Pablo García Nieto, dijo que vienen trabajando en la iniciativa desde el año pasado junto con la principal impulsora de la idea, Irene Romera. “Creemos que la lucha contra la trata de personas debe ser una política de Estado”, dijo el legislador.
Desde el Partido Bloquista, que integra el Frente para la Victoria, Edgardo Sancassani sostuvo que “es un tema que merece ser estudiado y luego acompañado porque está en juego la integridad sobre todo de las mujeres jóvenes”.
En la oposición legislativa, José Peluc, que lidera el bloque de Producción y Trabajo, expresó que “desde nuestro partido siempre hemos luchado contra la trata de personas. Vamos a estudiar el proyecto, pero mientras más duro sea, mejor será”.
El colombista Juan Sansó dijo que “estoy de acuerdo y hay que avanzar en la legislación. Muchas provincias han legislado sobre el tema y San Juan tiene que estar a tono con el tema”.
El macrista Hugo Ramírez indicó que el PRO a nivel nacional ya ha presentado proyectos en la Cámara de Diputados de la Nación sobre la trata de personas y por eso precisó que “desde ya repudiamos la explotación sexual”. En ese sentido dijo que va a estudiar el proyecto.
En la iniciativa se hace referencia a prohibir el funcionamiento de “whiskerías, cabarets, clubs nocturnos, boites, saunas o locales” en los que se organicen o promocionen actos de prostitución u oferta sexual. Y también incluye la modificación del Código de Faltas en lo referente a las sanciones por este tipo de casos.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Gobierno, que saldrá a hacer controles con la participación de efectivos de la Policía de San Juan.
La cartera política contará con el apoyo de un equipo técnico integrado por abogados, médicos, psicólogos y trabajadores sociales. Serán los encargados de dar asistencia a las víctimas de la trata de personas.
San Juan no es la primera provincia que busca legislar en el tema. Hay antecedentes en Buenos Aires, Chaco, Misiones y también la Municipalidad de la Capital de Mendoza legisló sobre el tema.