En la última sesión ordinaria del año, que duró poco más de seis horas, los diputados aprobaron seis reformas para los otros dos poderes del Estado. Entre las iniciativas sancionadas para la Justicia se destaca la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que dará pie a la investigación fiscal y luego está un bloque de modificaciones que contiene la mediación obligatoria entre particulares, la adecuación al sistema oral en la primera y segunda instancia en los fueros Laboral y Civil y la incorporación de los delitos de violencia de género y desobediencia judicial al sistema de Flagrancia, entre otras. En el caso del Ejecutivo, las principales normas están enmarcadas en la modernización del Estado, como la ley de Procedimiento Administrativo, el nuevo sistema de contrataciones, la reforma al régimen y organización de la Policía y la Defensoría del Pueblo (Ver aparte). En total fueron nueve normas clave, aunque también fueron aprobadas otras, como la adhesión a la ley Micaela, que promueve la capacitación obligatoria en género para todas las personas de los tres poderes del Estado y un régimen de protección, bienestar y tenencia responsable de las mascotas.
Al final, el vice Marcelo Lima agradeció a los diputados y destacó que, con la tarea de los últimos cuatro años, “se ha marcado una base legislativa que va a quedar para los tiempos”.
Leyes para el Poder Ejecutivo
Régimen Policial
En total son tres las normas destinadas a actualizar el régimen policial, que hasta ayer tenía una antigüedad de unos 30 años. La primera establece las funciones y ámbitos de acción de la fuerza y entre los cambios figuran la creación de nuevas jefaturas, cuando antes había divisiones o departamentos. Las que llegarán a ese rango son Bomberos y el área de comunicaciones, Cisem 911. Además, se aprobó un nuevo mecanismo de sanciones, incorporando suspenciones por sobre los días de arresto, lo que ahora implica una reducción del salario. También habrá más controles sobre el personal, ya sea con el uso de estupefacientes como con controles de alcoholemia. Por otro lado, se establece la posibilidad de convocar a agentes retirados, siempre y cuando el Ejecutivo lo crea necesario, y se crea la figura del Defensor del Policía, que será un abogado gratuito que pondrá el Estado para los uniformados denunciados durante el cumplimiento de sus funciones. Un punto destacable es que se crearon 607 cargos en la Policía y 490 cargos de planta permanente para el Servicio Penitenciario.
Defensor del Pueblo
En una sesión especial, los diputados aplicaron cambios a la ley que rige al defensor del Pueblo. A partir de ahora el cargo dejará de ser vitalicio para pasar a durar cinco años, con la posibilidad de una reelección. La persona al frente de la entidad será elegida por la Cámara de Diputados y será el mismo cuerpo el que establezca desde qué fecha comenzará a ocupar el cargo. Su remoción se dará a través del mismo mecanismo establecido para los jueces de la provincia, esto es, el Jurado de Enjuiciamiento. Además, se estableció que quienes acompañan al funcionario, los dos Defensores Adjuntos, el Asesor Letrado y el Contador Auditor, deberán finalizar sus mandatos conjuntamente con el Defensor que los propone o designa, situación que hasta ayer no estaba claro en la ley original. El sueldo del defensor será igual al que recibe un ministro del Ejecutivo, mientras que quien ocupe ese cargo tendrá prohibido desempeñar cualquier profesión, actividad comercial, con la única excepción de la docencia en cargo de dedicación simple. Desde su sanción, la ley nunca había sido modificada.
Administración
En busca de adecuar las normas a los tiempos actuales, el Ejecutivo promovió la sanción de la ley de Procedimientos Administrativos, la que establece bases de las buenas prácticas internas del Estado. Así, entre los puntos centrales, se destaca que ante alguna duda en alguna norma interna, el resultado siempre será favorable al actor involucrado. Además establece prácticas de buena administración, celeridad y economía, como por ejemplo, la notificación electrónica.
Contrataciones
Con el objetivo de lograr ahorro, rapidez y más control sobre el gasto, se sancionó la ley de Contrataciones del Estado. La norma apunta a centralizar todos los servicios que necesita el Ejecutivo, tales como limpieza, mantenimiento y materiales de oficina, entre otros. La ley permitirá hacer compras mayoristas, lo que producirá un ahorro por cantidad. Además, posibilita las subastas electrónicas y las sanciones a empresas que no cumplan con los contratos.
Leyes para el Poder Judicial
Código Procesal Penal
La Cámara de Diputados aprobó la ley de implementación del Código Procesal Penal. El cambio fundamental es que la investigación pasará a estar en manos de los fiscales, mientras que los jueces estarán encargados de controlar las garantías constitucionales. La puesta en marcha se dará de manera gradual y abarcará los delitos más graves, como los atentados contra la vida (homicidios) la integridad sexual (abusos sexuales), robos seguidos de muerte e ilícitos cometidos por funcionarios en contra de la administración pública. Se crearon 314 cargos para fiscales de Cámara, jueces y fiscales de primera instancia, defensores oficiales, secretarios y personal administrativo, entre otros, los cuales se irán cubriendo paulatinamente.
Mediaciones
El mecanismo de mediación es obligatorio cuando el Estado es demandado o realiza un juicio. Con los cambios, el proceso se incluyó, de manera obligatoria, en los juicios entre particulares en los fueros Civil y Laboral. El método de resolución de controversias se aplicará en los ámbitos comunitario, escolar, judicial y extrajudicial. La Corte de Justicia será la autoridad de aplicación judicial, a través del Centro Judicial de Mediación (Cejume) y creará un registro de mediadores. Este centro designará al mediador por sorteo realizado entre las personas incluidas en el registro. El objetivo de este proyecto es disminuir la cantidad de causas que llegan a juicio. Además, se reducirían los tiempos de los procesos judiciales de cinco a un año y medio.
Nuevos delitos a Flagrancia
Uno de los delitos que se ha incorporado son las lesiones cometidas bajo el marco de violencia de género o en el ámbito familiar. Los argumentos que se expusieron resaltaron la importancia de que la toma de decisiones en situaciones de violencia de género sea rápida porque la vida de la víctima puede correr riesgo. En sintonía con lo anterior, la celeridad es uno de los objetivos que se busca con la incorporación de este tipo de delitos al sistema acusatorio. El otro delito incorporado es la desobediencia a una orden judicial, como incumplir una prohibición de acercamiento.
Código Procesal Civil y Laboral
Las modificaciones de los códigos procesales Civil y Laboral apuntaron a la adecuación al sistema oral. Si bien ya está implementada en primera instancia, con estos cambios se sumará en la etapa de apelación. El objetivo del proyecto es reducir los tiempos del proceso judicial. Además, el juez podrá darle la opción a las partes de llegar a una conciliación en cualquier etapa del juicio, antes de que entre a resolver. Entre los fundamentos se resaltó que la iniciativa apuesta a garantizar una economía procesal, además de mejorar el servicio de Justicia para los sanjuaninos.
Designación de un juez y un fiscal
Como Silvina Rosso de Balanza ascendió a camarista penal y Daniel Galvani a fiscal de Cámara, quedaron vacantes los puestos en el Cuarto Juzgado Correccional y en la Fiscalía de Instrucción Nº4 respectivamente. Para el primero, los ternados fueron Patricia Katuchín, Mabel Irene Moya y Federico Marcelo Rodríguez. Este último fue designado para el cargo con el apoyo de 25 legisladores. En el caso de la Fiscalía, los que competían eran Renato Darío Roca, Diego Manuel Sanz y Nicolás Gregorio. De manera unánime, Roca fue quien se quedó con el lugar.